La JEP imputó a 22 personas, la mayoría militares en retiro, por 303 casos de falsos positivos que se presentaron en el departamento del Casanare entre 2005 y 2008. Uno de los imputados es el general (r) Henry Torres Escalante. Sin embargo, en esta lista también aparecen dos militares que actualmente se encuentran en servicio activo en el Ejército. Es el caso del sargento segundo Faiber Alberto Amaya y el capitán Miguel Andrés Sierra.
“De las 22 personas que estamos imputando hay dos activos, uno de ellos es el sargento segundo Faiber Alberto Amaya y el capitán Miguel Andres Sierra. Su permanencia en el cargo obedece a la regulación legal dentro del Ejército. El sargento Amaya se sometió e incluso hizo reconocimiento previo de responsabilidad, el capitán Sierra no reconoció su responsabilidad cuando fue llamado”, explicó el magistrado Óscar Parra.
Presiones desde el comando general del Ejército
Asimismo, explicó que durante esos años se utilizaron recursos públicos para comprar los “kits de legalización”, es decir, armas y uniformes que les ponían a las víctimas para hacerlos pasar por guerrilleros. Esto se dio en parte, según la JEP, por las presiones que venían desde el comando general del Ejercito.
“Las presiones se venían generando desde el más alto mando en el Ejército. Venían desde el comando del Ejército, desde la comandancia del general Mario Montoya en la época de los hechos. Presiones desde la cuarta división incluyendo al entonces general Guillermo Quiñones Quiroz”, dijo Parra.
Estas presiones, según explicó la JEP, son las que habría transmitido Henry Torres Escalante a los militares de las diferentes unidades en Casanare. Con frases como: “Usted sabe lo que tiene que hacer”, algo que llevó, según las investigaciones, a que se aumentaran los falsos positivos.
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