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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en Casanare, entre 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
Entre los imputados está el general (r) Henry Torres Escalantepues mientras comandó la Brigada XVI del Ejército se incrementaron los casos en esa zona del país.
En total son un general, dos coroneles coroneles, tres tenientes coronel y otros 10 oficiales así como 6 suboficiales, un funcionario del DAS y tres civiles. La JEPdeterminó que hubo una organización criminal al interior de la Brigada XVI que, por medio de recursos públicos, contrataban a civiles para que reclutaran víctimas, incluso menores de edad. En su mayoría, fueron hombres entre 18 y 25 años.
“Se presentó el asesinato de 9 mujeres, una de ellas en estado de embarazo dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa, es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de utilización de niños como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte de algunas víctimas”, determinó la JEP.
Estos crímenes, además, representaron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época. Los homicidios de presentaron en el Casanare, pero también en Boyacá, Meta y Arauca.
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Los autores imputados son el mayor general Henry Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y los tenientes coronel German Alberto Leon y Henry Hernán Acosta. Como coautores, es decir quienes hicieron aportes esenciales para que se llevaran a cabo estos delitos, está Orlando Rivas; exdirector del DAS en el Casanare.
“En su mayoría las víctimas eran de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxilidores de la guerrilla en el momento en el que los asesinaron no participaban en combate alguno”, señaló la JEP.
Estas 22 personas tuvieron un rol esencial y determinante y se les atribuyeron los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzada. “Además de los asesinatos y desapariciones, la JEP determinó que tres niños fueron utilizados para participar en las hostilidades y que la víctima con orientación sexual fue víctima del crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”, se leyó en la decisión.
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Para cometer estos delitos se destinaron al menos 140 millones de pesos de recursos públicos e incluso cuando las unidades no contaban con el dinero lo pedían prestado en algunas ferreterías del Casanare.
“La JEP revela cómo alrededor de 367 personas, entre militares, del DAS y civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeacion, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Los del extinto DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones”, comunicó la jurisdicción.
Ahora, los 22 imputados tendrán un plazo de 30 días hábiles para enviar un escrito a la JEP, en el que pueden aceptar o negar su responsabilidad. Si deciden negarla enfrentarán un juicio ante esta jurisdicción.
La JEP aseguró que las imputaciones por falsos positivos en Casanare fueron producto de la contrastación judicial y el análisis de ocho informes de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, así como organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. En total, de acuerdo con la jurisdicción de paz, se tomaron en cuenta 106 versiones de comparecientes, observaciones de las víctimas y de la Procuraduría e inspecciones judiciales a 48 procesos de la jurisdicción penal ordinaria y además 224 de la justicia penal militar.
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