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El escandalo que se ha desatado en el sur del país, a raíz de las denuncias que han salido por casos de abuso sexual a indígenas menores de edad, en Guaviare, han puesto estos hechos en materia de investigación y en manos de las autoridades.
Mientras la Fiscalía insiste en que pedirá una rectificación a la cadena Univisión por el informe periodístico en que denuncian el abuso sexual contra una menor indígena en el Guaviare, por parte de un militar norteamericano, la Defensoría del Pueblo alertó por aumentos en las violencias niños de al menos 5 comunidades.
La regional de ese departamento atendió, entre 2020 y 2022, 933 casos relacionados con vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes o personas mayores y comunidades indígenas. Según el informe, 68 corresponden a presunta violencia sexual contra menores de edad.
Entre tanto, en 2020, se registraron 67 casos netamente de violencia sexual, pero en 2022 la cifra ascendió a 81.
“Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, cuestionó el defensor, Carlos Camargo.
Este informe, así como nuevos testimonios recopilados, serán enviados a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a más funcionarios que habrían omitido tomar acciones ante los hechos denunciados.
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Con la alerta tempranas 05 de 2019 y en el Informe de Seguimiento del 31 de diciembre de 2021, ya se había advertido del riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare.
“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, aseveró el defensor del Pueblo.
Entre tanto, Gerardo Reyes, periodista de Univisión que realizó el reportaje respondió a las afirmaciones del fiscal Francisco Barbosa y aseguró que es un intento por desacreditar a al medio de comunicación, pues, según él, omitió las declaraciones que nos dio la jefe de la Fiscalía en San José del Guaviare, Isabel León, sobre una investigación por presunta violación de una menor por un militar estadounidense.
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“La fiscal dijo en cámara: “Bueno, de los casos en donde están involucrados presuntamente personas de fuerzas militares, tanto norteamericanas como nacionales, tal y como lo indica, lo que conozco es que es un caso que surtió antes de mi llegada hacia el año 2019”, trinó Gerardo Reyes.
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