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Por tres horas estuvo Laura Sarabiay su equipo de abogados en el búnker de la Fiscalía rindiendo interrogatorio por el caso del polígrafo que se le realizó a su exniñera Marelbys Meza.
Laura Sarabia directora del Departamento de Prosperidad social, negó que haya ordenado realizar la prueba. Indicó que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y que además se respetó la libertad y dignidad de las personas.
"Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de laFiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo", dijo Laura Sarabia antes de rendir interrogatorio ante la Fiscalía.
Al terminar la diligencia su abogado, Jorge Mario Gómez, indicó que se entregaron 17 pruebas para demostrar su inocencia.
La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia
Laura Sarabia también adelanta varios procesos de injuria y calumnia contra personas que según ella la difamaron durante este escándalo. La diligencia se hará el próximo 24 de enero del presente año.
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En agosto de 2023, Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), denunció ante la Fiscalía General de la Nación que había sido sometida a una prueba de polígrafo sin su consentimiento, luego de ser señalada del robo de un maletín con dólares en la casa de la funcionaria.
Según Meza, la prueba fue realizada por funcionarios de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Carlos Feria, quien en ese momento era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. La exniñera aseguró que durante la prueba fue maltratada física y psicológicamente, y que incluso le amenazaron con detenerla si no confesaba el robo.
La denuncia de Meza generó un escándalo político, ya que Sarabia era una funcionaria cercana al presidente Gustavo Petro, y el hecho de que la prueba de polígrafo haya sido realizada por funcionarios de la Policía Nacional, una institución que depende del Ministerio de Defensa, fue visto como una posible intromisión del Gobierno en la investigación.
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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el caso, y en noviembre de 2023 imputó cargos a Feria por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El coronel fue suspendido de su cargo, y actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares.
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