Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, cumplirá una condena de tres años y siete meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción relacionado con la contratación irregular de carrotanques en La Guajira. El exfuncionario itió que se apropió de recursos públicos destinados a mitigar la crisis humanitaria en ese departamento.
Aunque ya aceptó cargos por este delito, ahora busca acceder a un principio de oportunidad por otros hechos relacionados dentro del mismo caso. Como parte de esa negociación con la Fiscalía, Barreto ofreció reparar simbólicamente a las comunidades indígenas afectadas con un componente poco común: convertirse en docente.
De acuerdo con el documento oficial que será presentado ante un juez para su legalización, Barreto propuso brindar asesorías en territorio a tres comunidades indígenas de La Guajira: Pororú-sector Murujuy, Nación Wayuu – Junta de Acción Comunal Los Mereneros, y otra comunidad indígena sin especificar en el documento. Las capacitaciones estarán enfocadas en cuatro áreas clave: elaboración de proyectos productivos, potabilización del agua, manejo integral de residuos sólidos y aprovechamiento de energías renovables como la solar y la eólica.
“El aspirante manifestó su disposición de reparar de manera simbólica a las víctimas, referente a temas de capacitaciones en proyectos productivos”, dice el texto. Las sesiones tendrán un total de 120 horas de duración y se desarrollarán en los propios territorios de las comunidades. Además, Barreto elaborará cartillas pedagógicas por cada tema, así como videos de capacitación y otras herramientas digitales. También apoyará la creación de los documentos finales para presentar los proyectos a las autoridades competentes.
En medio del debate que ha suscitado esta propuesta de reparación simbólica, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que se trata de un avance importante en la justicia colombiana.
“Este es uno de los grandes avances de la legislación colombiana en el principio de oportunidad, porque con anterioridad para dar por terminado el proceso bastaba con una cuestión económica, bastaba con reintegrar los dineros y estaba todo completo. Hoy en día, y es una muy buena práctica judicial, no hablamos de una cuestión simplemente de reparación, sino, por el contrario, de justicia restaurativa […] implica no solamente la obligación de la persona de pedir perdón, de darle la cara a las víctimas, sino también de llevar a cabo actividades en beneficio de la comunidad”, afirmó.
Barreto, por su parte, volvió a pedir perdón públicamente y aseguró que su compromiso incluye no repetir conductas que afecten el interés público. La legalización del principio de oportunidad quedará en manos de un juez de la República.
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