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El ministro de Justicia,Wilson Ruiz, propuso que el Estado asuma la cuota alimentaria de los condenados por este delito, porque es más barato tener al condenado en la calle trabajando y no en la cárcel.
Durante su intervención en el foro de Asocapitales, en el que participaron alcaldes y expertos en política penitenciaria, el Ruiz hizo la propuesta, ante el elevado número de condenados por inasistencia alimentaria y el costo que representa para el Estado mantener a un condenado, que es tres veces superior al valor de la cuota alimentaria que se impone por un juez para asumir la responsabilidad con sus hijos.
El ministro dijo que con esta propuesta y la creación de centros temporales de reclusión para delitos menores se logrará una importante reducción en el hacinamiento carcelario.
El Gobierno también anunció que próximamente saldrá el decreto de las manillas electrónicas que busca que las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos que exige la ley se puedan beneficiar con detención domiciliaria.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó un urgente llamado al Gobierno porque esa ciudad afronta un hacinamiento sin precedentes en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata.
“La capital de Antioquia sufre un hacinamiento en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata del 362 por ciento, es una crisis social sin precedentes que afecta la seguridad de la ciudad”, anotó.
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Por su parte, el abogado Francisco Bernate, representante del Colegio de Abogados Penalistas, sostuvo que se debe fortalecer la defensoría pública y nombrar más abogados porque hay solo 120 defensores públicos que atienden a por lo menos 3 mil internos, lo cual afecta sus derechos.
El abogado Camilo Burbano, experto en derecho penal, llamó la atención que hay casos de personas preventivamente detenidas acusadas por delitos como terrorismo y narcotráfico en estaciones de policía y, en tal sentido, hay un vacío legislativo sobre si deberían asumir la custodia de estas personas el gobierno nacional o el municipal o el departamental y para ello urgió fortalecer el presupuesto, porque no es lo mismo que estos casos se presenten en ciudades principales que manejan mayores presupuestos.
Finalmente, el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, coincidió con el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, en que hay que vincular a las gobernaciones para que hagan convenios presupuestales que les permitan a los municipios sostener a la población de personas privadas de la libertad, porque con los recursos actuales no alcanza.
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