
Crítica tácita de la Corte Suprema a presidente Petro por 'decretazo' de consulta popular
La votación del Senado rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral.

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En la posesión de nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Julio Usme, quien determinó hacerlo ante la Corte y no ante el presidente Gustavo Petro, el presidente de la corporación, Octavio Augusto Tejeiro, dijo que, pese a las presiones del presente y del pasado, han mantenido el equilibrio de poderes, defendió el trabajo armónico entre los tres poderes.
Manifestó que no se trata de adoptar el unanimismo, sino de tender puentes. Además, indicó que es necesario que se respete la independencia y la autonomía judicial y pidió a los colombianos respetar a la justicia.
"Cuándo trabajan armónicamente los poderes cuando el ejecutivo y legislativo y el judicial cumplen sus funciones con objetivos comunes que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, se pueden lograr cambios positivos en la sociedad, se pueden mejorar las condiciones de existencias de los ciudadanos más necesitados y desprotegidos. La historia lo ha demostrado, las grandes reformas los avances más significativos y las verdaderas revoluciones democráticas ha surgido de la cooperación institucional y del diálogo constructivo, no se trata de promover el unanimismo o de imponer una única visión, sino de reconocer el valor de las diferencias y hallar los puntos de encuentro trata de tender puentes de construir consensos buscar juntos soluciones a los desafíos país", declaró el magistrado Tejeiro.
"Defender ese equilibrio institucional no es un gesto simbólico", manifestó Víctor Usme, en medio de la polémica propuesta de decretar la consulta popular.
Usme es el segundo magistrado que se posesiona sin la presencia del presidente de la República.
La votación del Senado rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en esa misma cámara legislativa en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa".
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A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral y a la consulta popular, el Senado tramita otro proyecto de reforma a las leyes del trabajo que ya pasó en tercer debate en la cámara alta.
El Gobierno defiende que la decisión tomada por el presidente de convocar la consulta popular, pese a no recibir el visto bueno del Senado, se ampara en el artículo 241.3 de la Constitución Política y confía en que la Corte Constitucional apruebe el anunciado decreto de Petro.
Esa idea se basa en el citado artículo, que señala que la Corte Constitucional es la que debe "decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional".
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que "si bien el decreto de la convocatoria es un acto istrativo, es parte integral del concepto de la consulta como la solicitud del presidente y sus ministros, las doce preguntas (que contiene la iniciativa), la votación del Senado" y el resto de pasos que conllevan la votación.
"Todo es parte integral de un proceso. Por lo tanto, el control debe estar en la Corte Constitucional", añadió el ministro, quien aseguró que "ningún dictador acude a la Corte Constitucional, a la participación ciudadana, al estado social de derecho".