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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un contundente pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, en relación con la investigación que elConsejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por una presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña presidencial.
La corte afirma que, tras analizar los argumentos, la Corte IDH declaró improcedente la petición presentada por los abogados de Petro.
En su pronunciamiento del 28 de noviembre, el tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar o restringir derechos políticos, lo que disipa los argumentos de la defensa del presidente sobre una supuesta violación del "fuero integral".
“De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano istrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, declaró la Corte, según El Tiempo. Además, enfatizó que el caso actual difiere de la sentencia emitida en 2020, cuando la Corte le dio razón al hoy mandatario sobre las competencias de la Procuraduría para inabilitarlo.
la Corte observa que la solicitud de los representantes de la víctima se basa en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció este Tribunal en la Sentencia del caso Petro Urrego emitida en 2020. La situación fáctica y jurídica conocida en aquella Sentencia se refiere a la violación a los derechos políticos y garantías judiciales en perjuicio del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y su inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos impuesta por la Procuraduría General de la Nación con base en normativa interna contraria al artículo 23.2 de la Convención Americana (supra Considerando 14). En aquella oportunidad, la Corte consideró inconvencional que una autoridad istrativa dispusiera el cese y eventual inhabilitación de funcionarios electos popularmente. De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano istrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente (supra Considerando 12). Consecuentemente, la Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa orden
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Argumentos presentados por los abogados y el CNE
Entre los argumentos de la defensa del presidente estaban que la decisión del CNE podría derivar en la pérdida de la investidura presidencial, dado que la investigación podría llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el Consejo de Estado solicitó a la Corte IDH declarar improcedente la petición y argumentó que las decisiones se han tomado en apego a la normativa constitucional y respetando el fuero presidencial.
Es relevante señalar que la defensa del presidente Gustavo Petro ha solicitado la anulación de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para continuar con la investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiación electoral.
Este nuevo desarrollo en el proceso legal debilita la estrategia defensiva del mandatario en su intento por detener la indagación que el CNE está llevando a cabo respecto a su campaña electoral de 2022, en la que se alegó un exceso de financiación que superó los 5.000 millones de pesos.
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Los abogados del presidente presentaron una acción de tutela para salvaguardar su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había infringido su fuero constitucional al asignar al CNE la responsabilidad de investigar las irregularidades en la financiación y los informes relacionados con sus campañas presidenciales.
Sin embargo, el Consejo de Estado, tras evaluar los argumentos, determinó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se evidenció que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.bEn este contexto, el tribunal concluyó que era legal la competencia del CNE para investigar el caso y que el fuero constitucional del presidente no constituía un obstáculo para dicha investigación.
El pasado mes de octubre, los magistrados del CNE abrieron investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley.
Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos.
La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo istrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado».
Petro llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles. Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.
No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años.
La Procuraduría lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
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