Al fallar 13 tutelas, la Corte Constitucional protegió los derechos de las personas a las que les fueron adjudicados los terrenos baldíos. La Agencia Nacional de Tierras alegaba que solo el Estado podía entregarlos, pero el tribunal, en sala plena, evidenció un tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíosy el incumplimiento del deber del Estado de promover el progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
En una sentencia unificada, la corte resolvió un lío jurídico de más de cuatro años, que es clave para temas como la reforma agraria, prometida por el presidente Gustavo Petro, y para saber qué pasará con el resto de hectáreas que la Agencia Nacional de Tierras alega deben ser adjudicadas de acuerdo con la normatividad.
Las tutelas fueron interpuestas por la Agencia Nacional de Tierras contra los juzgados promiscuo de Cocuy, Boyacá; Suesca, Cundinamarca, y San Miguel, Santander, que permitieron la entrega de los bienes a campesinos.
De acuerdo con la Constitución, los bienes baldíos son del Estado y no pueden ser adquiridos por particulares, que era lo que alegaba la entidad. Sin embargo, la corte informó que “adoptó medidas tendientes a proteger los derechos de los particulares que pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural”.
Además, en su sentencia, la corte exhortó al Congreso para que fortalezca la Agencia Nacional de Tierras y para que cree la jurisdicción agraria y adecúe la legislación para ese campo.
Esto, con la finalidad de superar la inseguridad jurídica y superar la informalidad en el campo, así como la excesiva concentración de la propiedad rural.
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