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La Corte Suprema de Justicia expresó sus reparos y preocupaciones a las formas en que el Gobierno Nacional ha hecho varias designaciones de gestores de paz y nombramientos similares pues asegura que no está primando el derecho a las víctimas a conocer la verdad y ser reparados.
Las alertas las hizo al resolver un recurso en el proceso del exjefe paramilitar Salvatore Macuso, quien está en libertad desde el pasado 10 de julio, libertad con la que el alto tribunal no está de acuerdo y por eso ratificó su posición de que debe permanecer en un centro carcelario.
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Sobre ese punto, la Sala de Casación señaló que no hay balance entre los beneficios recibidos frente a lo que ha aportado en su proceso de verdad, es decir, incuple el principio de proporcionalidad y más en cuanto al o establecido por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas", informó la Sala en un comunicado.
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En otras palabras, para la Corte le dio el beneficio de la libertad pero no hay suficiente contraprestación alguna por parte de Mancuso y en especial cuando a lo largo de los diferentes procesos en Colombia y Estados Unidos es ausente el aporte a la verdad y reparación.
“Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación", insiste la Corte.
En su publicación, la Sala advierte además que en la resolución con la que el Gobierno Nacional lo nombra gestor de paz no está establecida la duración en el tiempo de este rol, abriendo las puertas a posibles irregularidades y, en esa línea, desestima que ese límite sea el de cuando acabe el conflicto armado o haya una desmovilización total, como lo dijo en su momento Mancuso.
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“Porque es una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Sobre todo, porque ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias", puntualizó la Corte.
Cabe aclarar que esta providencia de la Sala de Casación no implica que Mancuso regrese a una cárcel pues su libertad fue otorgada por un tribunal de Justicia y Paz, cuya competencia sobre los casos del exjefe paramilitar incluso fue ratificada en los últimos meses.
Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por la resolución 453 de 2024 con la que el Gobierno nacional nombró como gestores de paz a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que contribuyan a las diferentes estrategias del proyecto de Paz Total.
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En la lista están Carlos Mario Jiménez, Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Hernán Giraldo, alias Taladro y quien fue expulsado de Justicia y Paz por abusar de varias menores de edad cuando estaba sometido a esa instancia. Ambos están en la cárcel en Colombia.
También aparecen Ramón María Isaza Arango, uno de los fundadores de las AUC y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, ex comandante del Bloque Mineros.
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