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La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por las presuntas irregularidades cometidas en el trámite de la licitación por el contrato para suministro de internet en zonas rurales, contrato en el que se giraron 70.000 millones de pesos que ahora no aparecen y el cual se suscribió con garantías falsas.
BLU Radio conoció que el ente de control fiscal decretó medidas cautelares que permitirán rastrear bienes a nombre de sociedades o personas vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados, los cuales podrían ser incautados o embargados mientras avanza la investigación.
En el proceso fueron vinculados Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal de Funtic, Camilo Alberto Jiménez Santofimio de SES Colombia S.A.S., Luis Fernando Duque Torres, representante la UT Centros Poblados, Carlos Enrique Páramo de la fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Jeremías Olmedo Cabrera de ICM Ingenieros, Hugo Armando Canabal de Intec de la Costa S.A.S, Juan Sebastián Vergara de Omega Building Constructora, Paola Izquierdo del Consorcio PE2020 C Digitales, Francisco Barrena de Eurocontrol S.A., José María Hougton de Telemediciones S.A.S. y Giancarlo Ibáñez de BBVA Asset Management S.A.
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