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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que solicita a la comunidad internacional mayor apoyo para la implementación del acuerdo de paz de Colombia de 2016 y reconoce aún dificultades en su aplicación.
El documento, patrocinado por el propio Gobierno colombiano con apoyo de países como Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU y un buen número de Estados europeos, busca fortalecer la cooperación técnica con la ONU para implementar las recomendaciones de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
El texto invita a los estados y observadores del Consejo de Derechos Humanos, así como a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, a que "sigan contribuyendo activamente a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para la implementación efectiva del acuerdo".
También invita al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (actualmente el austríaco Volker Türk), a que ayude en la implementación de las recomendaciones formuladas este año por la experta internacional encargada de identificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de 2016, la chilena Antonia Urrejola.
Como la misma resolución recuerda, Urrejola recomendó, en la anterior sesión del Consejo celebrada en abril, entre otros puntos, la creación de instituciones de alto nivel para liderar esa implementación, coordinar a las distintas instituciones y ser capaz de convocar a todas las entidades y ministerios.
También recomendó que la Fiscalía General de Colombia investigue las denuncias interpuestas en 2023 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que veía obstaculizaciones en casos como el de ‘Jesús Santrich’, exintegrante de las Farc- EP y negociador del acuerdo de paz, detenido en 2018.
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La resolución aprobada este jueves también pide al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que vele por que se proporcionen a la oficina del alto comisionado Türk los recursos necesarios para cooperar técnicamente con Colombia en la implementación del acuerdo de paz, después de que esa oficina haya reconocido dificultades presupuestarias para ello.
La resolución reconoce la importancia de poner en práctica las recomendaciones de expertos y órganos de Naciones Unidas "para poner fin a las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, excombatientes y opositores políticos", después de que se hayan denunciado en el último año y medio más de 200 homicidios a este tipo de actores de la sociedad civil.
Expresa asimismo preocupación "por la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales y la delincuencia organizada".
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A la hora de comentar el texto de la resolución, el embajador colombiano ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, subrayó su importancia en un momento en el que la población de su país "está cansada del conflicto y de la violencia que, durante 60 años, ha negado a todos, especialmente a los más vulnerables, el disfrute de los derechos humanos".
"Pero nunca nos cansaremos de buscar la realización efectiva de esos derechos humanos y de la paz", afirmó el embajador, también reconocido jurista en materia de libertades fundamentales.
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