“Yo voté por Petro y voté porque quería un cambio”, dice convencido Teodoro Durán. Él es uno de los cientos de campesinos de la vereda La Arenosa en Arauquita (Arauca) que está esperando que la reforma agraria le traiga un título sobre sus tierras y apoyo para sacarlas adelante.
Durán y cientos de campesinos más llevan semanas viendo mapas de Arauquita, en medio de la actualización del catastro que está haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, porque no quieren quedarse por fuera del mapa. A la reunión nadie lleva escritura, en su lugar llegan con cartas que dicen de quién eran las fincas y a quién se las vendieron y señas de lo que ha pasado en los últimos 20 años: "Que ahí ya no vive esta señora, sino este otro, que esa finca no acaba ahí, sino más para acá, que aquello se lo repartieron en tres".
El IGAC les pidió que midieran sus tierras usando su celular, pero como la mayoría son adultos mayores y se enredan con "esos aparatos" hay un muchacho de la vereda rebuscándose unos pesos a cambio del servicio.
"Esta mañana me tocó pasar un río con agua a la cintura y así toca. Me ha tocado pasar montañas con monte hasta el cuello y casi todas las fincas están enmontadas”, cuenta Camilo Camargo.
Los campesinos quieren salir en ese mapa, aunque son conscientes de que eso va a disparar el costo del impuesto predial. Tanto sacrificio es porque su expectativa es enorme.
"Si el Gobierno con la reforma agraria dijera: vamos a ayudar a estos campesinos que están sembrando cacao, que están sembrando plátano (...) Vamos a apoyarlos con los incentivos para los herbicidas, para los fungicidas, vamos a ayudarlos… ¿Cómo fuera de bonito, no?", dijo Durán haciendo cuentas de que sus árboles de cacao serán los que le den la pensión.
Valerio Monsalve también está ilusionado con la reforma agraria. Orgulloso, cuenta cómo hace 8 años lideró la invasión de unas tierras de la petrolera Sierracol que no se estaban usando y logró un acuerdo con la compañía para que ellos usaran ‘la cápita de arriba’, mientras los pozos sacan el gas y el petróleo a unos de 3 kilómetros bajo la superficie. Gracias a ese pacto de amistad, hoy 200 familias siembran cacao, plátano y muchas cosas más.
"Estamos muy felices con esto del IGAC y con la Agencia Nacional de Tierras porque desde que desapareció el Incora ninguna otra entidad había venido a hablarnos de titulación”, dice Valerio Monsalve. “Es un beneficio para el país legalizarnos. Nosotros legalizados pagamos impuestos y nos beneficiamos porque vamos a obtener un título. Así sea una cuarta de tierra que tengamos es de nosotros. Es una cosa hermosa”, agregó.
Arauquita es uno de los 108 municipios priorizados donde se está actualizando el catastro rural este año. Otro de los nombres famosos en la lista es San Carlos (Córdoba) hogar de El Ubérrimo. El catastro es apenas uno de los pasos de la reforma rural con la que este Gobierno ha prometido entregar 1.5 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos de aquí a 2026.
El Gobierno convocó para este miércoles, 27 de septiembre, a los campesinos de todo el país a marchar pidiendo la reforma y lleva un mes en asambleas preparatorias. En Arauquita los sindicatos convocaron a marchas y pagaron pauta en la emisora local. Sin embargo, ni Valerio ni Teodoro ni sus vecinos tienen planes de salir. En el campo, siempre hay mucho por hacer.
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