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El partido Centro Democrático envió una carta el pasado 16 de noviembre y esto provocó una respuesta detallada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En dicha respuesta, la JEP, con la magistrada Catalina Díaz, abordó punto a punto las afirmaciones realizadas en dicha misiva, aclarando que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, efectivamente ocurrieron en el país.
De inmediato, esto fue objeto de polémica en el contexto político del país, donde actualmente se resuelven muchos de los crímenes que se cometieron durante el conflicto armando y por los que las víctimas piden justicia años después.
La respuesta de la JEP no se limitó a una simple negación de las afirmaciones del Centro Democrático, sino que incluyó un análisis profundo de seis decisiones judiciales claves que documentan las ejecuciones extrajudiciales en seis territorios críticos del país.
En total, se imputaron a 106 máximos responsables por crímenes de guerra y lesa humanidad, destacando que este tipo de crímenes representan una “política de facto” en el marco de la seguridad democrática, según detalló en diálogo con Mañanas Blu la magistrada Díaz.
"Por eso la carta quedó un poquito larga, porque le hicimos una suerte de resumen de seis decisiones judiciales muy importantes, a través de las cuales determinamos los hechos y conductas de estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, en seis territorios críticos del país e imputamos en esos autos a 106 máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Allí determinamos la política de facto de conteo de cuerpos y cómo esa política desató los crímenes", explicó.
La magistrada Díaz enfatizó que el número de víctimas asciende a 6.402 y cada uno de estos registros es un ser humano con su “propia historia”, lo que refuerza la necesidad de justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
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“Cada uno de esos registros es una persona con nombre, apellido, documento de identidad. Conocemos el lugar y la fecha en que fue asesinada, asesinado y por eso es nuestro universo de partida. Ese universo nos ayudó a tomar la decisión de por dónde empezar la investigación a profundidad”, insistió.
Recientemente, voces críticas han cuestionado la naturaleza y los procesos de la JEP, centrando sus críticas en la falta de publicación de los nombres de las víctimas. La magistrada Díaz subrayó que esta petición podría constituir una forma de revictimización, trayendo a la luz el sufrimiento de las familias afectadas nuevamente.
Esto ha generado un debate más amplio sobre la forma en que se deberían tratar estas circunstancias, considerando tanto la necesidad de justicia como el respeto a la dignidad de las víctimas.
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La magistrada confirmó, ante los cuestionamientos, que el periodo crítico en estas violaciones se sitúa entre 2002 y 2008, y que las ejecuciones ocurrieron en todo el territorio nacional, con Antioquia y Meta como los departamentos más afectados.
“Analizando eso, cruzando todos los datos, depurando los datos, llegamos a la conclusión de que el universo provisional de hechos de personas asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate es de 6.402. Como lo he dicho, esa base de datos reposa en el centro de análisis de la JEP, en nuestro grupo de análisis”, indicó.
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