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La JEP le respondió al partido Centro Democrático, que en cabeza de su director Gabriel Vallejo había enviado una carta recientemente a esa jurisdicción en la que aseguraba que durante el Gobierno Uribe no hubo una política de conteo de cuerpos.
"Las afirmaciones que sugieren la existencia de una 'política estatal de conteo de cuerpos' carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del Gobierno nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad. Por el contrario, los logros en materia de desmovilización y debilitamiento de estructuras criminales durante este periodo reflejan que la prioridad siempre fue la vida y los derechos humanos", decía la carta del Centro Democrático.
Los magistrados Alejandro Ramelli, Catalina Díaz y Óscar Parra, que investigan los falsos positivos respondieron en un documento de 8 páginas. En el documento aseguran que la determinación de la existencia de la política de facto de conteo de cuerpos se basó en la evidencia documental que han recibido durante la investigación y en las versiones de algunos militares.
"La Sala constató que la circular 62162, expedida por el entonces Comandante del Ejército, Martín Orlando Carreño, regulaba los requisitos para el otorgamiento de la medalla de servicios distinguidos de orden públicos en los siguientes términos: establecía cuotas de resultados operacionales para otorgar la medalla de servicios distinguidos de orden público, determinando un número de 150 bajas o de 500 capturas como criterios para otorgar esta distinción a nivel de brigada. Como puede verse, la 'baja en combate' valía tres veces más que una captura. Esto fue ampliamente corroborado por los comparecientes en sus versiones voluntarias", explicó la JEP.
La jurisdicción también citó las versiones de algunos militares en las que aseguraban que sus superiores les decían que se necesitaban "litros de sangre", pues era así como se medía el éxito de la guerra. Además, estas situaciones habrían llevado a una competencia por bajas entre unidades militares.
"En un nivel inferior los comandantes de División, Brigada y Batallón recurrían a la competencia entre sus unidades como forma de ejercer presión por resultados, que se registraban en tablas dónde el resultado con mayor valor eran las bajas", señaló la jurisdicción.
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Para concluir, los magistrados explicaron que con los documentos y versiones de los militares se logró determinar que hubo una política de facto que permitió la materialización de los falsos positivos.
"Hubo una política de facto que permitió la materialización de estos crímenes, la cual se evidenciaba en, por lo menos tres aspectos: (i) privilegiar la presentación de bajas en combate como el resultado operacional deseado, por encima de las capturas y las desmovilizaciones; (ii) la existencia de una verdadera competencia entre diversas unidades militares por el incremento del número de bajas en combate, llegando incluso al establecimiento de “cuotas”, y (iii) la ausencia de la adopción de medidas eficaces tendientes a evitar este tipo de hechos una vez se fueron recibiendo denuncias tanto de las víctimas como de organizaciones nacionales e internacionales", se lee en el documento.
Recientemente, se desató una polémica por un hecho revictimizante que se registró en el congreso de la república. Las madres de los civiles asesinados y presentados como bajas en combate hicieron un homenaje a sus hijos con unas botas que habían sido pintadas y adornadas en memoria de estos casos de ejecuciones extrajudiciales. En ese momento, el representante a la cámara Miguel Polo Polo recogió dichas botas con una bolsa de basura, en un acto que generó el rechazo de diferentes sectores.
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Aunque el representante no hace parte del Centro Democrático, en esta respuesta la JEP también hizo mención al caso.
"Es importante que los partidos políticos impartan directrices claras a sus integrantes, en especial, aquellos que ejercen cargos de representación popular, a efectos de que se abstengan de incurrir en actos revictimizantes", aseguran los magistrados.
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