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Jimmy Muñoz se acaba de entregar a la policía de fronteras de Estados Unidos tras cruzar el Río Bravo desde México. Su silueta se dibuja a lo lejos, en medio de un llano verde. Ahora camina hacia un punto de control donde decidirán su suerte.
"Tengo la esperanza de poder quedarme en este país", dice este ecuatoriano de 29 años. "Pero estoy con dudas y miedos de que me acepten", agrega, mientras señala un toldo color naranja a unos 300 metros de distancia, donde se ve una multitud.
Si bien ya se encuentra suelo estadounidense, cerca de la ciudad de Brownsville, Texas, tiene al frente un alambrado de púas y, luego, un cerco metálico de unos cuatro metros de alto.
En Brownsville, el flujo de migrantes que cruzan desde la vecina ciudad mexicana de Matamoros no se detiene. En los alrededores, vehículos militares están desplegados.
Como Jimmy Muñoz, miles de migrantes se han estado entregando en las últimas semanas a las autoridades, temerosos de que el cambio en las regulaciones fronterizas de Estados Unidos previsto para la medianoche del jueves, pueda complicar su entrada al país, según sus propios testimonios.
Gran cantidad de ellos son venezolanos, pero también hay otros latinoamericanos y asiáticos.
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En los puntos de control, las autoridades separan a hombres de mujeres y los trasladan a distintos centros de procesamiento.
"Cuando nos detienen nos atienden bien. Nos llevan a una celda, nos llevan comida, y empieza un proceso de preguntas, de las pruebas [muestras] de ADN, un proceso rutinario me imagino para inmigrantes. Luego de eso es que le dan la libertad a uno", explica Rossi Carrillo, de 26 años, en el centro de Brownsville.
"Nos dan un papel para una cita con el juez [para que decida si es posible permanecer o no en el país]. A mí me la dieron para “Reservas de Fuerzas Militares protestaron por la mesada 14; no contra Gobierno”: general Salamanca, agrega Rossi, que viene de Venezuela y pasa la noche cerca de la estación de buses de Brownsville.
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A otros los convocaron para dentro de unos pocos meses, y a algunos, para dentro de tres años.
La AFP conversó con varios migrantes a quienes se les permitió ingresar. A todos les tomaron el nombre y el o y la dirección del familiar o amigo que los espera en Estados Unidos. A Rossi y a su esposo los aguardan en Atlanta, Georgia.
José Luis Aular, un venezolano de 38 años, dice que a él las autoridades le pidieron descargar una aplicación para rastrear su paradero. Cada cierto tiempo debe tomarse una foto en el lugar del país donde está y subirla.
Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, más de 200.000 personas fueron procesadas en Texas bajo el Título 42, una norma sanitaria activada en la era Trump por el covid-19, que permite expulsar a quienes cruzan la frontera sin aceptar sus peticiones migratorias. Esta disposición se levantará el jueves.
En ese mismo período, unas 453.000 personas fueron procesadas en Texas bajo el Título 8, una normativa específica sobre inmigración que permite solicitar asilo, pero también autoriza la expulsión, aunque no sumaria sino acelerada.
El Título 8 es temido por los migrantes porque alguien expulsado bajo esa normativa puede terminar con antecedentes penales o una prohibición de cinco años para solicitar la entrada legal a Estados Unidos.
Este miércoles, la policía de fronteras estadounidense dio una advertencia clara: quienes intenten ingresar ilegalmente "continuarán siendo expulsados a México o a su país de origen"
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"Aquellos migrantes que no puedan ser expulsados bajo el título 42, y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8", afirmó en un mensaje difundido en español en redes sociales.
Rossi Carrillo se alegra de haber podido ingresar. "Fueron cosas de Dios, porque no todo el mundo tiene la misma suerte. Hay mujeres con niños que las han devuelto", dice.
"Mi sueño era estar aquí y como segunda meta es traer a mis hijos y mi mamá", asegura.
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Tiene en sus brazos a Niña, una perrita caniche que la acompañó en su recorrido por ocho países, incluyendo la selva del Darién entre Colombia y Panamá.
"La selva la pasó caminando, salió sucia, nadaba en los ríos, la tuvimos con puro suero porque la comida se le acabó", cuenta. La mascota fue confiscada, pero luego la recuperó con ayuda de una fundación.
Aún en la línea de frontera, Jimmy Muñoz cuenta por qué dejó Ecuador: "Venimos huyendo, nos quieren matar. No puedo tener un negocio porque nos extorsionan. Me siento bien de haber cruzado".
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