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Miami fue testigo de una masiva manifestación en la ciudad de Homestead, ubicada al sur de la ciudad, en rechazo a la ley migratoria SB1718 que entró en vigencia este 1 de julio en el estado de Florida.
Centenares de personas, en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía para expresar su descontento y defender la contribución de los inmigrantes a la cultura y economía del estado.
Con banderas y carteles alusivos, los manifestantes escucharon a dirigentes comunitarios, líderes religiosos y disfrutaron de actuaciones folclóricas antes de iniciar una marcha por la ciudad. Esta protesta se suma a otras que tuvieron lugar en distintas partes de Florida, donde los inmigrantes exigen la detención de la aplicación de la ley y la protección de sus derechos.
Antonia Catalán, activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que brinda apoyo a mujeres inmigrantes en el sur de Florida, expresó: "Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, Florida se cae".
Catalán también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Desde temprano, la activista estuvo presente en la plaza donde se llevó a cabo la concentración bajo el lema "Libertad para todos".
Catalán señaló que existe "pánico" entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, a diferencia de otros que han migrado hacia estados como Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur para trabajar. "Ahora que entró en vigor la ley, no quieren salir de sus casas", indicó. Aunque invitó a algunas personas a unirse a la marcha, recibió respuestas negativas.
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Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigración de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), reconoció que la comunidad está "asustada", pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones comunitarias los protegerán. Además, destacó que la ley, que entró en vigencia recientemente, inicialmente era mucho más severa, pero la presión logró que el Congreso de Florida, dominado por el Partido Republicano, la "suavizara".
Esta ley prohíbe y declara ilegal contratar, reclutar o emplear a inmigrantes sin estatus migratorio regularizado.
También establece sanciones penales, como cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares, para aquellos que utilicen documentos falsos o de otras personas para obtener empleo.
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La ley prohíbe a las autoridades locales otorgar fondos para emitir documentos de identificación a inmigrantes indocumentados. Además, exige a los hospitales que aceptan Medicaid preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes, aunque responder es opcional.
La ley también invalida los permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados. Asimismo, destina 12 millones de dólares al programa de transporte de inmigrantes no autorizados de DeSantis, con el objetivo de trasladarlos a otros estados. La ley también requiere que los empleadores con 25 o más trabajadores utilicen el sistema E- para nuevas contrataciones. Otorga facultades a funcionarios estatales, como el jefe de seguridad interior de Florida, para coordinar acciones de aplicación de la ley de inmigración, entre otras disposiciones.
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