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Se trata de una renovación del proyecto que lleva en marcha desde 2016, que busca, además de facilitar a las personas en movilidad el al empleo formal, apoyarles en la obtención de documentos migratorios y servicios bancarios o la formación continua y la revalidación de sus estudios.
"Es un proyecto innovador, cuyo objetivo es institucionalizar mecanismos de inclusión laboral de personas refugiadas, migrantes, retornadas o desplazadas que se quieran quedar en México a través del empleo formal", expuso el embajador de la UE en México, Gautier Mignot, en una conferencia de prensa.
A lo largo de los últimos años, México se ha convertido cada vez más en un país de destino, y no solo de origen o tránsito, lo que, sumado a la alta demanda de mano de obra de las empresas establecidas en el país, hacen del proyecto una "oportunidad única de desarrollo sostenible e inclusivo".
La jefa de misión de la OIM en el país, Dana Graber, dijo que según sus propios datos, el 70 % de los migrantes aseguran que, de no poder entrar en Estados Unidos, México se convertiría en su país de destino.
La UE, ahondó Mignot, aportará 5 millones de euros (unos 5,4 millones de dólares) para sufragar el programa durante 43 meses, que tendrá una inversión total de 5,75 millones de euros (unos 6,27 millones de dólares).
El proyecto estará enfocado en los estados mexicanos de Guanajuato, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, lugares en los que se aúnan la presencia significativa de personas en movilidad y la necesidad de mano de obra.
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Los sectores productivos a los que se dirigirán los beneficiarios del programa serán diversos e incluirán más de 500 empresas relacionadas con la industria, la manufactura o el turismo, explicó el representante en México de Acnur, Giovanni Lepri.
"Si no hemos podido evitar las causas del desplazamiento, trabajamos de manera fuerte en dar una segunda oportunidad a las personas que han visto sus vidas destruidas contra su voluntad", incidió Lepri, quien celebró que el proyecto, en los siete años previos, ha beneficiado a más de 100.000 personas refugiadas o solicitantes de asilo.
En la firma del acuerdo también estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno mexicano, quienes destacaron que el programa fortalecerá la apuesta por el "trabajo digno" para los migrantes.
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El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Eduardo Jaramillo, itió que, ante el aumento "sin precedentes" del flujo de migrantes durante 2022, México "ha enfrentado retos en las que sus capacidades institucionales se han visto rebasadas".
Por su parte, el director general de Derechos Humanos y Democracia, Cristopher Ballinas, justificó que algunas de las medidas en materia migratoria tomadas por el Ejecutivo mexicano, muchas veces polémicas, han estado condicionadas "por las decisiones de otros Gobiernos".
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