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A través de un comunicado, 18 organizaciones y centros de pensamiento del país aseguraron estar preocupados por el anuncio del presidente Gustavo Petro de sacar adelante, vía decreto, su consulta popular sobre el sistema laboral.
Los firmantes del mensaje no escatiman en calificar la situación actual de la política como un desafío directo al orden constitucional pues romper las reglas “no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo”.
“Cuando las formas de la democracia están en riesgo, están en riesgo los derechos de la ciudadanía. Firmamos este pronunciamiento con preocupación”, reiteraron.
Para estas instituciones, el usar esa herramienta pese al concepto negativo del Senado de la República, vulnera los procedimientos constitucionales y legales y va en contra de la base principal de la participación ciudadana.
“Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes. (...) Las limitaciones legales y constitucionales al ejercicio del poder son mecanismos para proteger los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía”, señaló el comunicado.
Uno de los puntos importantes es el pedido al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno a respetar las reglas constitucionales incluso si los resultados de su cumplimiento incomodan los planes propios.
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“Actuar por fuera de ese marco no es una señal de fortaleza ni de respeto de la voluntad ciudadana. Es una negación del Estado de Derecho y de la democracia representativa. La solidez institucional y el respeto por las reglas de juego son, también, condiciones fundamentales para fomentar el crecimiento económico y proteger el bienestar”, advirtieron.
En esa línea, las organizaciones instaron a que el Gobierno no firme el decreto y que las altas Cortes mantengan su labor de proteger la Constitución y el equilibrio institucional y, sí es necesario, recurrir a las medidas cautelares.
“Llamamos a la comunidad internacional a que observe con atención la situación actual de Colombia, y a que acompañe y actúe frente a esta. Estos hechos no deben entenderse como aislados en el mundo, sino como parte de un preocupante retroceso democrático a nivel global. No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera”, agregaron.
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