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El Gobierno de México reprobó la entrada en vigor este martes de una ley que permite a la Policía de Texas detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos pues aseguró que fomenta la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial contra la población inmigrante.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La Cancillería mexicana se pronunció así frente a la legislación conocida como SB4, la cual fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que permitió que entrara en vigor a partir de este martes en el estado de Texas.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular.
La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
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Al respecto, la Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la cancillería.
Señaló que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.
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“En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, enfatizó.
Asimismo, puntualizó que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el gobierno mexicano participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.
Esto, con el fin de acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Las tensiones bilaterales por migración, narcotráfico y armas amenazan con subir este 2024, cuando coinciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México.
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