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La Fiscalía General imputó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y a otros 46 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por más de 5.200 hechos violentos ocurridos entre 1987 y 2005 en el norte de Colombia en el marco del conflicto armado.
El ente acusador culminó dos macroimputaciones contra comandantes y exintegrantes de las ya desmovilizadas AUC con el mayor número de hechos delictivos atribuibles al paramilitarismo durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz, que impulsó la desmovilización paramilitar, señaló la Fiscalía en un comunicado este martes.
En la primera macroimputación el Tribunal Superior de Barranquilla imputó a Mancuso en su condición de comandante paramilitar y a otros 24 desmovilizados del Bloque Córdoba, frente La Mojana y la Casa Castaño de las AUC por ser responsables de 4.071 hechos violentos que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.
Entre estos hechos violentos se incluyen 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos por violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.
Dos de los hechos más sangrientos fueron la masacre de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996 en Sucre, en la que Mancuso y hombres a su cargo asesinaron a 11 personas y provocaron un desplazamiento masivo; y la de Tasajera, perpetrada el 1 de octubre del mismo año en el que paramilitares mataron a tres hombres y una mujer, que previamente fue torturada.
Las AUC fueron, según se documentó en el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, el agente más sanguinario del conflicto armado, y se le atribuye más del 40 % de los asesinatos selectivos.
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Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá imputó a Mancuso y otros 22 hombres que integraron el Bloque Montes de María de las AUC por 1.153 hechos delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, entre ellos 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados.
Algunos de los casos imputados por este tribunal incluyen el asesinato de dos hermanos en Sucre y el asesinato de Sebastián Herrera Ramírez en 2003 cuando cinco personas armadas ingresaron a un inmueble de una vereda de Bolívar y se llevaron a tres de sus hijos. Uno de ellos fue encontrado sin vida al día siguiente y de los otros dos se desconoce su paradero.
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Mancuso, quien lideró las AUC hasta su desmovilización firmada en 2005, desde hace 15 años se encuentra en prisión en EE.UU. tras ser extraditado por cargos de narcotráfico, y a la espera de volver a Colombia donde debe responder a 75.000 crímenes, pues la orden de retorno está parada por el coronavirus.
Para eludir esa responsabilidad, además de pedir ser devuelto a Italia de donde es nacional, Mancuso también ha pedido en varias ocasiones someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla penas no privativas de libertad si los acusados dan suficiente verdad y reconocimiento de crímenes de guerra.
Y aunque este órgano de justicia lo initió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, el pasado mes de febrero la JEP le abrió la puerta a declarar para darle una oportunidad a contribuir con su versión a dar verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto colombiano.
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