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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesorodesignó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
“El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La istración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia, lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visas por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESIGNADOS
Las siguientes personas que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, “Bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, en su forma enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno.
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Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es un juez que presta servicios en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ.
Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político istrativa del TSJ, según múltiples informes de prensa.
Además, según la cobertura de los medios, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
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Malaquias Gil Rodríguez (Gil) es un juez que se desempeña como presidente de la Sala Político istrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ocupa un cargo en el poder judicial desde 2010.
Además, según fuentes de los medios de comunicación creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es un juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-istrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general de las fuerzas armadas.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Cámara Electoral.
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Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los ex candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la afirmación infundada de Maduro de haber ganado las elecciones.
Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño) es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo.
Luis Ernesto Duenez Reyes (Duenez) es fiscal de la Fiscalía General de la República, alineada con Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.
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Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional, alineada con Maduro, desde enero de 2021.
Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el Secretario General del CNE desde agosto de 2023.
Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es una fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según las bases de datos de sanciones.
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Pedro José Infante Aparicio (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas.
Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2021. Hernández se desempeñó anteriormente como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de parte de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según diversas piezas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluidas detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.
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Elio Ramon Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los involucrados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB hostigó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias. Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez es el comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez fue anteriormente el general de división de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández es el director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente el director de contrainteligencia del destacamento presidencial.
Brito es identificado como un torturador en los informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un servicio de inteligencia alineado con Maduro, desde 2021.
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El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de opositores por parte de Maduro.
Escuche aquí el informe:
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