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En la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, donde están seis opositores, siendo el equipo más cercano de María Corina Machado, alertan que además de la presencia policial que ya lleva tres semanas, ahora también se han detectado francotiradores cerca de la fachada de la sede diplomática.
Este escenario, que se ha intensificado desde la mañana del 13 de diciembre, refleja el asedio de 20 días que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra el recinto diplomático. La situación ha generado alarma no solo entre los afectados, sino también en el ámbito internacional, con pronunciamientos contundentes como el de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado emitido este viernes, la OEA condenó las tácticas de hostigamiento desplegadas por el régimen venezolano. Señaló que la presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de servicios básicos como energía eléctrica y agua, y la interrupción en el ingreso de alimentos y suministros representan un riesgo grave para la vida e integridad de las personas refugiadas en la embajada.
La organización exigió que se otorguen salvoconductos inmediatos a las seis personas asiladas, al considerar que la negativa de hacerlo no solo agrava la situación, sino que también constituye una violación de las obligaciones internacionales de Venezuela. En este sentido, el comunicado denunció que el despliegue de fuerzas represivas con armamento de asalto y el acoso a la sede diplomática evidencian un ataque contra los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos.
La embajada, que cuenta actualmente con el respaldo diplomático de Brasil, se ha convertido en el epicentro de una crisis que ha suscitado preocupación global. Las acciones del régimen de Maduro, calificadas por la OEA como "aberraciones", han sido señaladas como un ataque directo a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, un principio esencial en el derecho internacional.
La comunidad internacional sigue de cerca el desenlace de este asedio, que pone en riesgo no solo la seguridad de los asilados, sino también el respeto a las normativas internacionales que protegen a las sedes diplomáticas. Las demandas de intervención y soluciones inmediatas se multiplican en un contexto cada vez más tenso.
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