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Un jurado popular en España declaró culpable de asesinato a un ciudadano colombiano, acusado de la muerte de un hombre ocurrida en octubre de 2021 en Bilbao, en el norte del país. Además, se le vincula con otros cuatro homicidios en serie de hombres homosexuales a quienes conocía a través de aplicaciones de citas.
El veredicto, hecho público este miércoles, también lo halló culpable de robo con violencia, estafa y usurpación del estado civil en relación con la misma víctima.
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El acusado ya se encontraba en prisión, tras haber sido condenado en otro proceso a diez años por intento de homicidio y a dos años y tres meses por una estafa continuada, tras vaciar las cuentas bancarias de otra víctima.
El jurado, compuesto por siete hombres y dos mujeres, lo declaró culpable de asesinato y robo con violencia por mayoría, y de estafa y usurpación del estado civil por unanimidad. También se pronunció unánimemente en contra de concederle un posible indulto.
La Fiscalía solicitó una pena de 34 años y medio de prisión: 25 por asesinato, cinco por robo con violencia, tres por estafa y uno y medio por usurpación del estado civil.
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Por su parte, la acusación particular, representada por una asociación defensora de los derechos LGBTI, pidió una condena de 39 años de cárcel, la prohibición de residir en la misma localidad que los familiares de la víctima durante diez años, y una indemnización de 150.000 euros.
Además de los cinco asesinatos que se le atribuyen, los investigadores sostienen que también es responsable de dos intentos de homicidio cometidos en fechas cercanas, con una frecuencia de dos por mes, y dirigidos a un mismo perfil: hombres homosexuales, de entre 43 y 73 años, que vivían solos.
En todos los casos, los cuerpos fueron hallados en posturas similares, sin señales de entrada forzada en las viviendas, ubicadas en un área geográfica próxima, y todas las víctimas eran usuarias de aplicaciones de os.
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Según los agentes encargados del caso, "la orientación sexual constituía una característica fundamental; era un nicho de mercado".
Tras las muertes, se detectaron movimientos en las cuentas bancarias de las víctimas, y en varios casos, los teléfonos móviles conservaban registrado el número del presunto agresor.
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