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En septiembre de 2024 se dio a conocer la denuncia de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, condenada por homicidio agravado, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec, dentro de la cárcel El Pedregal de Medellín.
Producto de esta violación, Valdés quedó embarazada y está a pocos días de dar a luz, en medio de una serie de situaciones que, según denuncian, comprometen gravemente los derechos humanos.
En una entrevista con Mañanas Blu, Felipe Álzate, abogado de la mujer, habló sobre presuntas irregularidades del caso. Una de las más graves es el intento de suministrar sustancias abortivas sin el consentimiento de la reclusa.
"Acá ha existido toda una tendencia encaminada a ocultar lo sucedido. En algún momento sin su consentimiento, se le otorgó una sustancia abortiva, que afortunadamente no interrumpió su embarazo", dijo.
A raíz del hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra los dos funcionarios involucrados, aunque hasta el momento no se han conocido decisiones judiciales. Valdés fue posteriormente trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, lo cual afirman, habría sido una estrategia para silenciar la denuncia.
El abogado expresó que se ha negado a la mujer el beneficio de prisión domiciliaria, que contempla el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite que mujeres gestantes puedan cumplir su pena en casa tres meses antes y seis meses después del parto.
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"Independiente de cualquier circunstancia, ella debería tener la posibilidad, como lo puede tener cualquier mujer y cualquier reclusa, de poder tener el hijo en su en su domicilio", indicó.
Además, también mencionó que se le ha negado el ingreso al pabellón de mujeres embarazadas en la prisión, que es istrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según dijo, de continuar así, el bebé podría ser entregado directamente al cuidado del ICBF tras el nacimiento, algo que la madre se niega a aceptar.
El abogado cuestionó que guardianes hombres custodien cárceles de mujeres, una situación que ha sido advertida por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto riesgo de abuso y revictimización.
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“Lo más preocupante es que fue el mismo Estado quien le vulneró los derechos, y ahora es el mismo Estado el que le quiere quitar a su hijo”, afirmó
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