UNGRD: exministros Bonilla y Velasco sabían de contratos desviados a congresistas, dice Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló este jueves detalles contundentes sobre una serie de reuniones realizadas en el Ministerio de Hacienda en 2023, en las que se habrían pactado direccionamientos de millonarios contratos hacia congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público.La fiscal del caso, María Cristina Patiño, explicó que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría dado órdenes directas a su entonces asesora María Alejandra Benavides para favorecer a congresistas con tres contratos por un valor total de 92.000 millones de pesos en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.En el marco de esta investigación, el ente acusador vinculó de manera directa a Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la Presidencia y el Congreso, a quien también se le atribuye un papel clave en la presunta red de direccionamiento de contratos. Así mismo, la Fiscalía modificó la imputación contra Benavides, quien ahora enfrentará cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La exfuncionaria no aceptó los cargos, argumentando que está en proceso de tramitar un principio de oportunidad con el ente acusador.Uno de los hechos más relevantes confirmados por la Fiscalía es un encuentro ocurrido en diciembre de 2023 entre María Alejandra Benavides y el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, con varios congresistas de la Comisión de Crédito Público. Según el ente investigador, en esa reunión se habría dado luz verde para “probablemente viabilizar contratos” durante el año 2024.Además, se conocieron más detalles de una reunión del 5 de diciembre de 2023, en la que Benavides le habría informado a Bonilla que los congresistas, “como gesto hacia el ministro”, se comprometían a votar a favor en la sesión del Congreso convocada para el día siguiente.La Fiscalía también reveló que Benavides entregó un sobre sellado a Jaime Ramírez Cobo, con instrucciones y tablas relacionadas con los proyectos regionales. Luego de esto, solicitó a los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo los números telefónicos de los contratistas vinculados a los proyectos en Arauca, Córdoba y Bolívar.Con estos elementos, el caso da un giro importante y se consolida como una de las principales líneas de investigación dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al exponer los posibles vínculos entre decisiones del alto gobierno y favores políticos en el Congreso.