Se confirma destitución e inhabilidad del alcalde de Chía

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución y la inhabilidad general de nueve años para Leonardo Donoso Ruíz, alcalde de Chía, Cundinamarca, debido a irregularidades detectadas en la adjudicación de un proceso licitatorio relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, cuando fue mandatario entre 2016 y 2019. Esta decisión fue ratificada en un fallo de segunda instancia emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.La sanción contra Donoso Ruíz se fundamenta en su participación en la etapa precontractual y contractual del proceso, donde omitió su obligación de garantizar, controlar y verificar que los documentos necesarios para la selección del contratista cumplieran con los principios legales correspondientes. Entre los errores cometidos, se señala la aprobación de los estudios previos y el análisis del sector, los cuales presentaban fallas y no se ajustaban a las disposiciones regulatorias.>>> Lea también: Ni Chía ni Mosquera, este es el municipio con peor vía a Bogotá: ciclistas la usan muchoEl ente de control determinó que Donoso Ruíz infringió los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva, fundamentales en la contratación estatal. Como ordenador del gasto, el entonces alcalde tenía la responsabilidad de asegurar que el proceso cumpliera con los estándares establecidos, lo que no sucedió en este caso.La sanción también se extiende al exsecretario de Obras de Chía en 2018, Jorge Wilmar Torres Porras, quien igualmente fue destituido e inhabilitado por un periodo de nueve años. Torres Porras fue responsable de aprobar los documentos precontractuales relacionados con el análisis del sector y los estudios previos, sin verificar que estos cumplieran con los requisitos financieros exigidos.Además, Torres Porras validó estudios previos relacionados con la experiencia general y específica de los participantes, los cuales presentaban limitaciones que, según la Procuraduría, restringieron la posibilidad de que otras empresas concursaran en igualdad de condiciones. Esto contradecía el análisis del sector, generando un proceso de contratación poco competitivo.