El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló los detalles de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, con la que sustentó el llamado a indagatoria de cinco congresistas y un excongresista, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, por haber presuntamente recibido dádivas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a cambio de emitir conceptos que eran clave para el trámite de empréstitos internacionales.
El documento de 78 páginas es una demoledora bitácora que reconstruye con claridad, las reuniones, las llamadas telefónicas, las visitas al ministerio de Hacienda y muchos otros elementos que demostrarían que varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, habrían “comprado” el favor de los congresistas investigados, por medio del ofrecimiento del manejo de tres contratos de mitigación de la Unidad de Gestión de Riesgo por 700 mil millones de pesos.
En total, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizó 59 elementos materiales probatorios, entre certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos hallados en teléfonos celulares y computadores y más de 11 declaraciones de testigos, con los que logró reconstruir con un alto nivel de detalle, el “detrás de cámaras” que demostraría que tanto funcionarios del Gobierno Petro como un grupo de congresistas, pudieron cometer el delito de cohecho.
Ministros investigados
Los altos funcionarios del Gobierno del Presidente Gustavo Petro mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia son: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco; la ministra de TrabajoGloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, quienes según la Corte, durante el último trimestre de 2023, sostuvieron reuniones y conocieron o tomaron decisiones muy controvertidas para destrabar el trámite de proyectos y solicitudes del Gobierno que permanecían estancadas en el Congreso de la República.
Otros funcionarios clave dentro del caso son la exasesora principal del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la jefatura de despacho de la Presidencia de la República, quienes en la práctica, habrían tenido o permanente conOlmedo López y Sneyder Pinilla, los detenidos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, para acelerar el trámite de los tres proyectos presuntamente entregados a los parlamentarios a cambio de su respaldo: proyectos de mitigación de riesgo que permanecían estancados y que fueron adjudicados en Cotorra, Córdoba; El Salado, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, casualmente ubicados en áreas de influencia electoral de varios de los congresistas hoy investigados.
El contexto
Uno de los testimonios clave en el proceso es el del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien explicó ante los magistrados, la importancia de que los congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitan un concepto sobre los trámites de las operaciones de crédito internas y externas de la Nación, pues señaló que dichos trámites se dilatan cuando la comisión no conceptúa, que era aparentemente lo que venía sucediendo antes del presunto ofrecimiento de dádivas para acelerar dichos procesos.
Adicionalmente, hay un detalle muy importante dentro de la investigación de la Corte, y es que Acosta dejó de asistir a las sesiones de la Comisión Interparlamentaria a partir de noviembre de 2023, justo cuando comienzan a darse los presuntos tratos entre gobierno y congresistas. Acosta explicó que dejó de asistir a esas reuniones por solicitud directa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien “me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum”.
Un dato que no es menor en el caso es que la persona que reemplazó a José Roberto Acosta en las reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a partir de noviembre de 2023, fue la entonces “mano derecha” del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, pieza clave dentro de esta historia.
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