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El Ministerio de Justicia planea revivir el proyecto de vientre subrogado. Este estipula que, en cuanto a la mujer gestante, ningún acuerdo puede vulnerar su salud, libertad o integridad física. Al respecto habló Ángela María Buitrago, ministra de Justicia.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra respondió a varios proyectos que se adelantan en la cartera, uno de ellos, el que se radicó este lunes junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la reforma a la responsabilidad penal para adolescentes.
La ministra Buitrago detalló que la ley 1098 nació en el 2006, con el fin de buscar “una nueva justicia para los adolescentes con responsabilidad, desde el punto de vista de la comisión de delitos”.
“Esto significó unas grandes discusiones en torno a qué clase de justicia se iba a aplicar y se apuesta por una justicia restaurativa, ¿en qué consiste? En tres vertientes fundamentales”, indicó.
Se trata de, uno, “tratar de mirar cómo la víctima va a tener una reparación integral”. Dos, añadió, entender cómo para los niños y adolescentes “el tema de la asunción de responsabilidades fundamental” y, tres, cómo aplicar esta justicia entendiendo la restauración de los derechos.
La ministra subrayó que muchos de estos principios no habían quedado establecidos en la ley, por lo que con el paso de los años se “echa de menos” las disposiciones que pudieron hacer una diferentica en cuanto a la implementación, según aseveró.
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Ahora, explicó, le apostarán realmente a “restaurar” esa justicia para los adolescentes en el país.
Al ser cuestionada sobre el reclutamiento infantil y lo que aprovecharían los grupos armados ilegales, entendiendo que en algunos casos usan a los niñas y niñas para cometer crímenes, la ministra respondió que esto es “uno de los grandes males” en el crimen organizado en Colombia.
“Pero la reforma protege al menor reclutado y agrava la condición punitiva del mayor que instrumentaliza a este menor. Entendemos que el reclutamiento es ilícito de principio a fin”, precisó.
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En ese sentido, la ministra especificó que el adulto no tendrá “ciertos beneficios” frente a estos comportamientos delictivos.
Recalcó que estos cambios y la aplicación de la ley son parte de una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad, los jueces y defensores de familia para “imprimir campañas obligatorias de prevención”.
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