Proyecto de ley frenaría oleada de demandas por factor salarial en la Rama Judicial

En 2012, se presentó un paro de casi tres meses en el sector judicial en el país. Los trabajadores de la rama reclamaban mejores condiciones salariales tras años de incrementos mínimos que erosionaron su poder adquisitivo. En respuesta, el Gobierno acordó una bonificación judicial que, con el tiempo, se convirtió en un punto central de disputa.El senador Carlos Chacón, autor del proyecto de ley que busca reconocer la bonificación judicial como factor salarial, explicó que esta medida es esencial para resolver el creciente número de demandas contra el Estado.“Esta ley lo que hace es reconocer que la bonificación judicial que viene desde 2013 y que la jurisprudencia y diferentes fallos han venido manifestando, no es una bonificación, sino un factor salarial. Ya hemos visto costos de más de 400.000 millones de pesos y faltan diez mil demandas, lo que podría elevar el costo a un billón de pesos”, señaló Chacón.El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de diversas bancadas y sindicatos judiciales, pretende detener el aumento de demandas y evitar mayores pérdidas económicas para el Estado. Según Chacón, “es un proyecto que los diferentes de las bancadas lograron acordar y presentar junto con la Judicatura y los catorce sindicatos que tiene la rama judicial y la Fiscalía. Justicia para la justicia”.Diego Escobar, presidente del sindicato Asonal Judicial, destacó la importancia de esta ley para los trabajadores del sector. Recordó que la bonificación judicial se originó tras el paro de 2012, cuando el Gobierno reconoció la pérdida de poder adquisitivo de los salarios judiciales.“Ese paro a finales de 2012 tuvo una duración de casi tres meses. El Gobierno abre una mesa técnica, participamos, construimos la propuesta de la bonificación que daba un reconocimiento económico entre el 75 y el 83 por ciento de la asignación básica mensual para cada uno de los cargos”, explicó Escobar.Sin embargo, la bonificación nunca fue reconocida como parte del salario, lo que generó más de 10.000 demandas judiciales en curso, además de las más de 6.000 ya resueltas, que han costado al Estado alrededor de 400.000 millones de pesos. Escobar advirtió que, si todas las demandas prosperan, “el Gobierno, el Estado, se va a quebrar”, señalando que el Estado podría enfrentar pagos anuales de hasta dos billones de pesos si no se aprueba el proyecto de ley.Actualmente, la rama judicial cuenta con aproximadamente 59.000 trabajadores, muchos de los cuales se han visto afectados por la falta de reconocimiento de la bonificación como parte de su salario. La iniciativa busca no solo resolver el problema de las demandas, sino también ofrecer una solución justa y permanente para estos trabajadores. “Nosotros, como sector justicia, tenemos unos recursos propios que engrosan el presupuesto de las entidades. Eso alivia la carga prestacional del Estado”, concluyó Escobar.En concreto, el presidente de Asonal señaló que el proyecto de ley es un intento de reconocer lo que la jurisprudencia ya ha señalado: la bonificación judicial es, de hecho, un factor salarial. De no ser así, el Estado podría enfrentar pérdidas multimillonarias en los próximos años.