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La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció investigación para determinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con las acusaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Sneyder Pinilla sobre posible corrupción que salpica a Iván Name Vásquez, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara, y a la consejera para las regiones Sandra Ortiz.
"Ante la gravedad de los hechos denunciados, relacionados con presuntos hechos delictivos y de corrupción, que involucran, al parecer, a altas divinidades del orden legislativo y a otros funcionarios del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes", dijo la procuradora Cabello.
Esta acción de la Procuraduría se suma a la investigación preliminar que ordenó la Corte Suprema de Justicia contra los políticos ya mencionados.
En una entrevista con la revista Semana, Pinilla reveló que entre septiembre y octubre del 2023 utilizó fondos de la UNGRD para pagar en efectivo a Name 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos a Calle. Esto fue con el propósito de obtener su apoyo a las reformas de salud, pensiones y laborales, las cuales aún están estancadas.
El dinero, aparentemente, provino de un contratista al que el Gobierno había encargado la compra de varios camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira. Sin embargo, el proyecto resultó ser un fracaso, ya que los vehículos adquiridos no cumplían con las condiciones técnicas necesarias, entre otras deficiencias.
Pinilla señaló que en este presunto esquema de corrupción también estuvieron involucrados el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
A pesar de no mencionar directamente el escándalo, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado el viernes, reafirmando su firme postura de "cero tolerancia" ante actos de corrupción. Además, ordenó la creación de una mesa técnica para investigar el posible uso indebido de fondos públicos, la cual recibirá respaldo de la Embajada de Estados Unidos.
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