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La Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien era investigada por presunto constreñimiento al elector en relación con las elecciones de octubre de 2015.
El proceso surgió tras la declaración de Ruvid Palacios Rivas, quien aseguró haber sido contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Cali en 2015.
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Según su testimonio, fue presionada para conseguir 30 votantes a favor de la hoy gobernadora del departamento del Valle y entonces candidata, como condición para renovar su contrato.
La Fiscalía 11 Delegada ante la Corte presentó solicitud de preclusión al establecer que el término legal para perseguir penalmente los hechos hace nueve años, según la ley penal vigente, había expirado el 28 de febrero de 2024, antes de que el caso llegara formalmente al alto tribunal.
A pesar de que los hechos denunciados podrían configurar el delito de constreñimiento al sufragante, la Corte concluyó que no era posible continuar con la acción penal por prescripción.
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La decisión no entra a valorar de fondo los hechos ni la responsabilidad de la mandataria, sino que responde exclusivamente a una causal de terminación anticipada del proceso.
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