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Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió con la decisión de colaborar con las autoridades judiciales, comprometiéndose a revelar detalles de actos de corrupción de los cuales tiene conocimiento. Esto se da en el marco de un proceso en el cual laFiscalía le ha imputado cargos por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en su calidad de servidor público.
Las imputaciones que enfrenta revisten gravedad, ya que el lavado de activos conlleva una pena de 10 a 30 años de prisión, mientras que el enriquecimiento ilícito podría conllevar entre 5 y 10 años tras las rejas.
La Fiscalía también ha presentado cargos ante el Juzgado Penal Municipal 74, con funciones de control de garantías, en contra de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez. Vásquez, quien fue arrestada el pasado sábado, enfrenta acusaciones de lavado de activos y violación de datos personales, un delito castigado con una sentencia mínima de cuatro años y máxima de ocho.
La evidencia presentada por la Fiscalía revela una serie de gastos que involucran a Nicolás Petro:
Según lo expuesto por el fiscal encargado del caso, estas sumas no encuentran sustento en los ingresos legítimos de Nicolás Petro. Su salario como diputado regional es de 13 millones de pesos mensuales y, según la Fiscalía, no se ha identificado ninguna otra fuente de ingresos que justifique estos desembolsos.
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El fiscal también hizo hincapié en que los ingresos totales de Petro Burgos en 2022 ascendieron a 280.331.394 pesos, lo cual arroja un incremento patrimonial de 1.053 millones de pesos, que no puede ser atribuido a sus ingresos como diputado. Esto lleva a la conclusión de un "incremento patrimonial injustificado".
El proceso legal en contra de Nicolás Petro y su expareja continuará el próximo jueves 3, fecha en la que se espera revisar la información que Petro Burgos ha prometido proporcionar en relación con posibles casos de corrupción.
Este caso ha cobrado relevancia desde que la exesposa de Petro reveló en marzo pasado a los medios que este habría recibido fondos ilícitos para la campaña electoral de su padre, recursos que al parecer nunca se destinaron al propósito previsto, sino que habrían sido utilizados para enriquecimiento personal. La captuda de la pareja tuvo lugar en operaciones simultáneas en Barranquilla y su posterior traslado al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
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Nicolás Petro Burgos manifestó su voluntad de colaborar con la justicia, aunque ha negado los cargos en su contra. "Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", expresó Petro Burgos durante la audiencia. Actualmente, él también ejerce como diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico.
La Fiscalía informó en un comunicado que tanto Nicolás Petro como Daysuris Vásquez han manifestado de manera voluntaria su intención de cooperar con las autoridades, en vista de la contundencia de las pruebas presentadas en su contra. Ante la solicitud del fiscal encargado, se ha recomendado reforzar la seguridad de Petro Burgos, su equipo de defensores y Vásquez.
El fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, encargado de llevar el caso, ha afirmado que existen fuertes indicios de que Nicolás Petro está involucrado en un enriquecimiento ilícito como servidor público y ha cuestionado el origen de su patrimonio.
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