La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, Franklin Castañeda Villacob, por incumplir las peticiones que se le han hecho para que informe sobre la política pública de intervención en cementerios para la búsqueda de desaparecidos.
Este tribunal, creado por el acuerdo de paz con las Farc para juzgar crímenes de guerra, considera que Castañeda incumplió las órdenes dadas en el marco de las medidas cautelares adoptadas sobre el Cementerio de los Pobres situado en Aguachica (Cesar), en donde de presume que están enterradas víctimas de desaparición forzada.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había ordenado al Ministerio del Interior la creación de una mesa interinstitucional para formular una política pública para la intervención de cementerios en el país, que contemplara un plan de acción integral para el abordaje de cuerpos de personas no identificadas.
Con ese fin, a principios de año hizo una audiencia donde se constató "la ausencia de coordinación interinstitucional, inexistencia de políticas públicas pertinentes para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada e insuficiencia presupuestal".
Por ello ordenó que se conformara dicha mesa interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), varios ministerios, la Fiscalía, Medicina Legal y la JEP, entre otros.
Tras varios llamados para hacerlo, en los que Castañeda indicó que ya la había convocado, la JEP le pidió un cronograma concreto de actividades y el documento final de la política pública de búsqueda de desaparecidos, pero al no haber respuesta el 3 de noviembre decidió "abrir incidente de medidas correccionales" contra el funcionario.
La JEP considera que "transcurrieron más de 3 meses para que iniciaran las labores tendientes al acatamiento de lo dispuesto en la diligencia judicial" y que solo se realizó por obligación.
Lo cierto es que hasta la presente fecha la referida cartera ministerial no ha terminado de formular la política pública de intervención de cementerios en el territorio nacional, en tanto solo ha remitido el cronograma de actividades que tiene proyectado ejecutar durante seis meses para la culminación de la citada política pública
asegura la Jurisdicción en un auto.
Además de la "sanción de arresto inconmutable por el término de dos días" que se hará efectiva dentro de tres días, la JEP le ha dado de plazo al Ministerio de Interior hasta el 30 de abril de 2024 para que "entregue de manera definitiva la política pública de intervención de cementerios".
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