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Luego de que a inicios de este año el Estado colombiano aceptara la responsabilidad de varios del Ejército y la Policía Nacional en diferentes hechos ocurridos en el contexto de la operación Orión, en octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, organismos de justicia internacional tendrán nuevos e importantes pronunciamientos.
Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 20 de octubre, hora de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) desde Costa Rica llevará a cabo el acto de notificación de sentencia al Estado por la desaparición en esos operativos de Arles Edison Guzmán Medina, un comerciante que tenía un local de pollo asado en la zona y fue retenido y llevado a un lugar desconocido para posteriormente ser desaparecido.
María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y quien ha representado a las víctimas de este caso, le contó a Blu Radio que, tras lo ocurrido, la comunidad se movilizó para encontrar a Arles y dos meses después logró que un exparamilitar, a partir de un croquis, señalara el lugar donde habría sido enterrado su cuerpo, en el sector de La Escombrera.
"En ese momento el CTI de la Fiscalía hizo una visita, ubicó el posible lugar de enterramiento y el informe técnico determinó que no se podía hacer nada porque había por lo menos dos volquetadas de escombros en la zona señalada", destacó la abogada.
Hoy ese sitio se encuentra muy cerca del polígono que cuenta con la medidas cautelares por parte de la JEP, pero con más de 14 metros de altura de residuos depositados allí, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda indicar que debe persistir la búsqueda de todas aquellas personas que se presumen están ahí.
"La Corte puede señalar que la búsqueda no puede cesar, que no se puede limitar únicamente al polígono que está en este momento bajo medidas cautelares, que hay que seguir buscando hasta encontrarlos, esa es la expectativa de las familias", explicó Fallon.
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A propósito de esa zona con medidas cautelares, recientemente la JEP ordenó en un auto del del 22 de septiembre “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo”, y exigió garantías para su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.
De igual manera, pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.
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