Este martes 26 de marzo de 2023 se realizó una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, donde Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos, presentó sus hallazgos en un Informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y la demanda de la JEP de marzo de 2023 (Caso 'Santrich').
Sobre este último tema, el informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de 'Jesús Santrich', exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz. El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional.
“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.
En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.
Recordemos que la JEP radicó en marzo de 2023 una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.
“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.
El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
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