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El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.
Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.
Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.
Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.
“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.
También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.
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“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.
Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.
“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.
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