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Con la firma de este preacuerdo, el exdirector de la UNGRD Olmedo López acepta ante la Fiscalía General de la Nación los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir y a cambio recibirá una pena principal de prisión a 85.4 meses, es decir, 7 años. También se le condena al pago de una multa de más de 3.000 salarios mínimos y la devolución de 724 millones de pesos.
Olmedo López con su firma ratifica su compromiso de convertirse en testigo de cargos contra varios congresistas y particulares que estarían implicados en el escándalo de la UNGRD.
Vale enfatizar que este preacuerdo con el ente investigador deberá someterse a un control de legalidad ante un juez de control de garantías.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se destapó en febrero pasado. Desde entonces, poco a poco se ha conocido testimonio y supuestos chat que salpican a altos funcionarios del Gobierno.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue señalado por la Fiscalía como determinante en la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos. Estos contratos se otorgaron en coordinación con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López.
Según la investigación, Bonilla y López buscaban beneficiar a cinco congresistas y al entonces representante Juan Diego Muñoz. A cambio, estos debían apoyar la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia encontró más de cincuenta pruebas documentales y diez pruebas testimoniales. Estas pruebas sugieren que los investigados aceptaron emitir conceptos sobre operaciones de crédito público a cambio de contratos en la UNGRD.
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Los proyectos en cuestión se tramitarían en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Los cinco congresistas y el exrepresentante (Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y los representantes Wadith Manzur (Cambio Radical), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz)) serán citados a indagatorias para esclarecer los hechos.
La Corte Suprema de Justicia también investiga a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Se les acusa de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, reveló que dinero de la UNGRD se usó para pagar coimas a Name y Calle. Este dinero se desvió de un proyecto para comprar carrotanques para La Guajira. Los vehículos adquiridos no cumplieron con las condiciones técnicas.
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