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Recientemente, la JEP aceptó revisar la condena del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en 1997. Según la Corte Suprema de Justicia, Uscátegui incurrió en omisión, pues no cumplió con su deber de defender la vida de los pobladores del municipio. La masacre fue cometida por paramilitares de Urabá y Córdoba que llegaron a hasta Mapiripán y asesinaron a más de 40 personas.
La JEP, en su momento, accedió a revisar la condena teniendo en cuenta que el relato del general (r) Uscátegui y las pruebas que vaya a aportar van a permitir confrontar los diferentes testimonios de lo sucedido, considerando que esto aporta a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Aunque esto no significa una absolución, sí serán analizados sus argumentos y las razones que llevaron a la condena.
Sin embargo, el general presentó recusaciones contra tres magistrados de la sección de revisión, la sala encargada de llevar el proceso. Lo que argumentó Uscátegui es que los jueces habían participado en la decisión que, en 2020, negó en principio la revisión de la condena, por lo que consideraba que su criterio estaba comprometido y esto no le daba las garantías necesarias.
"Los magistrados que suscribieron tal providencia se pronunciaron de fondo respecto de la petición interpuesta, pues realizaron un análisis sustancial sobre la procedencia de la responsabilidad de mando como título de imputación en el caso concreto, lo cual comprometió su imparcialidad frente a las decisiones futuras que deben adoptarse en este asunto en el que la discusión se centra en determinar si bajo tal figura, su representado tiene responsabilidad penal en los hechos por los que fue condenado o debe ser absuelto", argumentó la defensa del general.
Sin embargo, la recusación fue negada bajo el argumento de que la participación de los magistrados que tomaron la decisión en el 2020 fue un proceso que hace parte de sus labores como jueces y que no comprometen las garantías al debido proceso ni afectan los derechos del general Uscategui en esta etapa de revisión de la condena.
"Es dable concluir que lo expuesto en la decisión de inisión de la solicitud revisora no vinculará ni atará a los funcionarios que la emitieron, pues el examen que ahora se le exige realizar a partir de los lineamientos expuestos por la sección de apelación, en la decisión que revocó esa providencia, obliga justamente partir de unos supuestos que antes no se habían abordado, lo que hace que aun cuando ello pueda derivar en una conclusión que se aparte de lo dicho en precedencia, no se incurra en contradicción", explicó la JEP.
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