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El abogado Jorge Pino Ricci, que defiende a la Unión Temporal Centros Poblados en el escándalo por el contrato con MinTIC para proveer internet rural, defendió a su cliente y aseguró que en el proceso de caducidad se han vulnerado derechos y que muchas afirmaciones que se dan por ciertas en medios acerca del caso son falsas.
"Basta con que yo demuestre que un funcionario de un banco, o un empleado, intervino un fraude para que la entidad financiera responda", aseguró el jurista, haciendo alusión a pólizas de garantías falsificadas.
"Estoy diciendo que si se demuestra, es posible que nunca se haga, si algún funcionario participó, el banco responde. Es absolutamente claro, hay miles de antecedentes", añadió.
De acuerdo con el abogado, se están violando garantías procesales con los pronunciamientos de funcionarios como la ministra TIC, quien catalogó de "bandidos" a Centros Poblados.
"Aún no existe una decisión de un juez penal al respecto.La ministra Karen Abudinen calificó a los integrantes de la unión temporal como bandidos inescrupulosos", declaró.
"Nadie es bandido hasta que no sea condenado", recalcó.
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Pino Ricci, además, aseguró que no puede afirmarse que los 70.000 millones de pesos se hayan perdido. Además, señaló que carecen de veracidad las afirmaciones sobre la destinación de recursos en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos.
"Esos 70.000 millones de pesos fueron invertidos en los equipos. La Contraloría hace un par de días ordenó visitas a las bodegas y a los sitios donde se instalaron los equipos que la Unión Temporal compró con los anticipos", aseguró.
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"La sociedad se constituyó en Delaware por un tema tributario, pero el dinero no llegó allá. Los 70.000 millones no están en un paraíso fiscal", complementó
Sobre la tutela fallada por un juez promiscuo en Puerto Colombia, que sentenció la suspensión del proceso de caducidad del contrato, el jurista aseguró que el recurso se interpuso debido a la amenaza que representa para los trabajadores la medida de MinTIC.
"Los embargos a cuentas de la unión temporal le impedirían pagar las nóminas de las empresas del consorcio. Tendríamos que desvincular más de 2.000 personas. La medida de tutela es procedente", aseveró.
Escuche al abogado Jorge Pino Ricci en Mañanas BLU:
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