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Investigadores de la Dirección Especializada contra la Corrupción inspeccionaron la sede delMinisterio de las TIC en búsqueda del polémico contrato celebrado con Centros Poblados.
La diligencia se desarrolló el pasado martes, 24 de agosto, en cumplimiento de una orden judicial que buscaba recaudar elementos vinculados con la firma de un contrato por 1.07 billones de pesos para dotar conectividad a 7.000 colegios.
Los fiscales obtuvieron documentación física y material en medio magnético para continuar con las investigaciones sobre el paradero de los 70.000 millones de pesos que el Ministerio entregó a la Unión Temporal Centros Poblados como anticipo.
Las autoridades tienen la lupa puesta en las empresas que conformaron esta unión pues, al parecer, con documentación falsa ganaron la licitación del contrato 1.043 de 2020, suscrito para conectar a internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país.
Sobre ese contrato se había decretado la caducidad, pero un juez de Puerto Colombia, Atlántico, ordenó suspender de manera provisional el proceso de caducidad del millonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como todas las actuaciones que había iniciado, entre ellas, la adjudicación a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), de dicho contrato.
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