La Fiscalía presentó un arsenal de pruebas para solicitarle a la juez municipal de Cota que enviara a la cárcel a Luis Carlos García, integrante de la comunidad embera, como presunto responsable del homicidio de Hildebrando Rivera, quien conducía el vehículo recolector de basura del municipio de Guasca que arrolló accidentalmente a una mujer embarazada y a su hija de la misma comunidad indígena.
Las pruebas convencieron a la funcionaria judicial
“Se pusieron de acuerdo para no dar información a las autoridades, ese es un riesgo de obstrucción a la justicia (…) entiendo las circunstancias del desplazamiento, entiendo el dolor que sintió cuando vio a su esposa muerta, entiendo la ira que debió sentir, pero más allá de eso, todos somos seres humanos y tirar tres veces al piso a una persona, ese comportamiento es grave y tiene respaldo probatorio. Y si miramos la imagen de la necropsia se ve cómo destrozaron los dedos de un machetazo cuando él trataba de defenderse de las heridas y quedó con sus manos mutiladas”, dijo la juez.
El detenido era el esposo de la mujer que fue arrollada accidentalmente por Hildebrando y padre de una de las hijas. La Fiscalía tiene interceptaciones, videos y testimonios que confirmarían que García es uno de los presuntos responsables del homicidio.
Las pruebas
El primer audio que presentó el fiscal en la diligencia es de la propia víctima, es decir, de Hildebrando. En este se escucha como llama a sus jefes a relatar lo que estaba pasando y a pedir auxilio.
Posteriormente, el fiscal presentó un video en el que, según la narración de la juez, se ve como el detenido y otros de la comunidad le proporcionan la golpiza a Hildebrando y la cual terminó con su vida.
“Y esta juez tiene que decir que lo vio golpeándolo en la cabeza y que se atravesaba por los lados de la Policía que trataba de protegerlo”, dijo la juez.
Pero hay más. La fiscalía tiene interceptaciones en las que el capturado acepta la responsabilidad en los hechos.
“Estoy muy aburrido por la muerte de mi esposa y es difícil. Yo ya no salgo porque el occidental me amenaza, yo le quité la cédula al occidental y le maldigo con Dios, me iba a ir tras de usted y el occidental nada que se moría y entre todos lo golpeamos, creo que luego se murió”, dice Luis Carlos García en una conversación.
En otra interceptación, el capturado acepta que antes de dejarlo inconsciente, Hildebrando rogó por su vida.
“Yo maldije al occidental, el occidental mantenía hablando, decía me vas a matar y yo le dije, yo no tengo la culpa, tú eres el culpable, tú mataste dos personas. El occidental decía tú eres el que me está matando y el occidental no moría callado”, dice en una de las conversaciones el capturado.
Además, la Fiscalía cuenta con más de 20 testimonios sobre personas que no solo reconocieron a Luis Carlos García como uno de los presuntos responsables, si no que narraron la barbarie. Uno de ellos, fue la enfermera de la ambulancia.
“La población nuevamente se nos acercaba impidiendo subir al paciente en la camilla. Nos arrebataban la camilla lanzando al señor al piso y continuaban golpeando. La Policía intervino y nos ayudó a trasladarlo a la ambulancia. Mi compañero se subió a tratar de conducir y yo me subí en la parte trasera, no pude cerrar la puerta porque tenía a la comunidad indígena pegada a la ambulancia donde como tres personas lo sacaron de la camilla, quedándome con una bota sosteniendo el pie de paciente. El paciente cae al piso bruscamente. Volvimos a subirlo, pudimos arrancar al centro hospitalario”, dijo en su testimonio.
La juez reiteró que García es un riesgo para la sociedad porque hizo parte de quienes habrían liderado a toda la comunidad indígena a un acto de mera venganza contra una persona que solo había tenido un accidente de tránsito.
“Dirigió a sus hijos a matar. A esos niños hay que protegerlos de esos papás que tienen actitudes tan violentas”, sentenció la juez.
Por ahora, Luis Carlos García permanecerá en la cárcel preventivamente. Sin embargo, por solicitud de Martín Tequia, el gobernador de la comunidad indígena a la que pertenece el capturado, el caso fue trasladado a la Corte Constitucional para que defina si el caso le pertenece a la justicia ordinaria o a la indígena.
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