La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), creada en 2011 para prevenir y responder a emergencias en un país como Colombia, expuesto a catástrofes de todo tipo, está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción que toca directamente al Gobierno y al Congreso.
La UNGRD es una entidad adscrita a la Presidencia y tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos, de manejo casi que discrecional dado el carácter emergencial y social de los asuntos que atiende, lo que hace que esté sujeta a menos controles.
"La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo atiende desastres no solo naturales y eso la vincula a unos procesos más expeditos de los que suelen tener las demás entidades, entonces la contratación puede hacerse de manera más sencilla y más rápida debido a que hay que atender necesidades mucho más urgentes", dijo Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.
Según el plan estratégico de la UNGRD para el periodo 2022-2026, "las inversiones hechas por medio del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) durante los últimos años superan los 3,5 billones de pesos" solamente en la ejecución contratos de obra gris.
"En la UNGRD manejamos ingentes recursos públicos que deben ser cuidados con el mayor esmero", manifestó recientemente el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo en remplazo justamente de Olmedo López, protagonista del actual escándalo.
La UNGRD contaba en enero pasado con una nómina de solo 102 cargos pero contrata con numerosos terceros en cualquier parte del país, dependiendo de la necesidad o emergencia que tenga que atender, que pueden ser de grandes proporciones, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, avalanchas o inundaciones, a otras de carácter local.
"Hay emergencias menores que pueden ocurrir en los municipios, por eso es que la Unidad Nacional de Riesgo tiene unos brazos muy grandes en las regiones y eso es otro de los de los componentes que puede hacer que sea más susceptible a corrupción", agrega Marín.
De hecho, Carrillo dijo este miércoles que esa entidad ha sufrido un "saqueo" de sus recursos y que López usó dinero público en la campaña de sus aliados para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año pasado, especialmente en los departamentos de La Guajira, Risaralda y Antioquia.
Corrupción extendida
El caso que ha puesto los ojos del país en la UNGRD tiene que ver con la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
El mandatario, que el sábado reconoció su responsabilidad en el nombramiento de López, pidió anoche a la Fiscalía, que investiga este caso, que amplíe su trabajo a los contratos de la UNGRD en los últimos ocho años pues en el país existe "una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano".
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