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La Fiscalía imputó cargos a tres personas por presuntas irregularidades en la construcción de Hidroituango, que habrían generado un grave impacto ambiental y un detrimento de más de 339.000 millones de pesos en recursos públicos.
Los investigados son Jorge Ignacio Castaño Giraldo, exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del proyecto en EPM; Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro Vásquez, gerente de la interventoría. A los tres se les señala de daño a los recursos naturales y peculado por apropiación.
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Según la Fiscalía, la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) se llevó a cabo sin los permisos ambientales correspondientes, lo que alteró el cauce natural del río Cauca. Esto habría puesto en riesgo a las comunidades cercanas y generado un uso indebido de recursos públicos.
El ente investigador determinó que EPM realizó modificaciones contractuales que favorecieron a los contratistas, permitiendo la ejecución de obras no licenciadas por un valor superior a 339.107 millones de pesos.
Además, se evidenció que estos cambios estructurales provocaron daños irreversibles en el ecosistema, afectando el suelo, el agua, la fauna y la flora de la región.
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Las comunidades ribereñas, incluyendo pescadores, agricultores y mineros artesanales, también se vieron perjudicadas en su sustento económico y alimentario debido a estas afectaciones.
Los imputados no aceptaron los cargos formulados por el Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
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