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En una continuación de audiencia en laJurisdicción Especial para la Paz, el brigadier general en retiro, Adolfo León Hernández, señalado de tener presunta responsabilidad en casos de falsos positivos cuando era el comandante del Batallón de Artillería número dos, ‘La Popa’, en Valledupar.
Señaló que las presiones para obtener resultados operacionales eran constantes, indicando que venían desde “la alta cúpula”, hasta el comandante de brigada y, también por su parte, estando al frente de unidades, pero enmarcadas en la legalidad.
Yo también ejercía presión para obtener resultados operacionales, entendidos como afectaciones a las organizaciones armadas al margen de la ley. Allí cabían desmovilizaciones, capturas, bajas en combate, caletas, erradicación, todo lo que afectaran a estas organizaciones, eran resultados operacionales y eran cuantificados y, servía para el puntaje en el que calificaban a las unidades
De acuerdo con organizaciones de víctimas, Hernández Martínez estuvo al frente de ese batallón en el Cesar, desde donde se habría ordenado, al menos, 39 ejecuciones extrajudiciales y de ellas, no se logró la identidad de 13, 10 del sector vulnerable y cinco menores de edad, según explicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Hernández expresó que las exigencias y presiones que recibía por parte del comando conjunto y del entonces mayor general Óscar González Peña, se daban, también, en medio de reuniones de comandantes. Además, por parte del comandante de la división, el brigadier general Luís Felipe Paredes, de quien dijo se manifestaba con esas instrucciones a través de programas radiales y explicó que, incluso, existen libros al respecto.
Hay un libro de programas de comandos superiores y allí, repasando ese libro, porque yo tengo copia de esos programas, al menos, unas copias desde junio hacia diciembre de 2008, se ve claramente lo que son las presiones en el sentido de exigirle a las unidades que cumplan con la misión y obtener los resultados operacionales
“En esos programas se hablaba de la presencia de los bandidos, de las organizaciones armadas al margen de la ley, de las acciones que efectuaban y seguido de eso, del contexto en el que había enemigo, de que estaban haciendo lo que se les daba la gana y que se paseaban por el área, venía la exigencia de dónde están los resultados”, agregó.
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Sin indicar irregularidades dentro de las órdenes, manifestó que la presión del general Óscar González Peña, se ejercía en reuniones en las que mencionaba que lo más importante era dar de baja a “terroristas de las organizaciones armadas”, dijo que se trataba de una cultura del Ejército.
Asimismo, añadió que a pesar de que hacia 2007 prevalecía la desmovilización, González Peña expresaba a través de frases lo que consideraba su lógica primaria.
Añadió que nada que no alterara el orden y la lógica de la institución era permitido.
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A mí ningún superior ni coronel Pineda ni coronel Paredes ni general González, me sugirieron u ordenaron algo fuera de la ley. Lo que me exigían y las presiones, eran por resultados legítimos. Por realizar operaciones y dar muerte en combate a estos terroristas por capturarlos o desmovilizarlos
A su vez, dijo que él ejercía presión, pero a través del estímulo, de manera positiva a sus subordinados con permisos, cursos y destacando a oficiales que se iban al exterior o incluso, viajes de bienestar en centros vacacionales, pero todo en el marco de la ley.
Cuando fue cuestionado sobre eventuales relaciones con soldados, manifestó que solo tuvo cercanía con su conductor y su estafeta. Manifestó que no tuvo conocimiento de amenazas de oficiales que en versiones anteriores ante la JEP habían puesto en la mesa ese tipo de situaciones. A su vez, expresó que no tuvo inconvenientes y que, al contrario, recibía solicitudes de apoyo.
En un informe presentado por varias organizaciones a la JEP, se detalló que fueron cometidos homicidios en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, y aducen que al comandar el batallón, tendría responsabilidad o al menos, conocimiento de esos hechos que fueron denunciados recurrentemente durante varios años, casi que de forma sistemática en diferentes regiones de Colombia, por lo que de manera insistente, se le ha pedido desde los representantes de víctimas que cuente, como compromiso al someterse al tribunal especial, quién dio las órdenes de estos hechos.
Se le preguntó sobre reuniones con ganaderos de la región del Cesar, y aunque de manera afirmativa lo reconoció, dijo que esto se daba de manera normal, pues había una red de cooperantes del gremio con la que se realizaban encuentros, así como con otras comunidades, “para escuchar las apreciaciones de ellos en materia de seguridad, qué requerían, etc.”, dijo.
Negó que se prestara seguridad privada a los ganaderos, que él no tenía negocios de ganado, señalando que no era ético y que no era presentable, porque podría generar conflictos de intereses.
Sobre su decisión de retiro del Ejército, contó que fue tomada con su familia, que en 2016, cuando logró su propósito de ser general, consideró que ya había cumplido su ciclo en la institución, además de que la distancia con sus seres queridos fue importante para que diera un paso al costado.
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Recordó que, al llegar a la institución, lo más importante para el Ejército eran las bajas en combate y neutralizar a quienes estuvieran al margen de la ley, pero que no hacía parte de un contexto de un batallón, sino en general, e hizo relación a una directiva de noviembre de 2007, que fue socializada a través de los programas radiales que iban encaminados a la importancia de las desmovilizaciones por encima de las muertes en combate.
Por último, se comprometió a entregar documentación que sirva como soporte para contrastar las diferentes versiones en su compromiso por contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto y, se espera que ese material sirva como sustento para la magistratura en los futuros escritos de acusación y determinaciones que lleven al caso.
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