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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.
Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.
Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.
En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.
La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
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