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Tras la aprobación del tercer debate de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, el gremio de la seguridad privada en Colombia encendió las alertas ante los posibles efectos negativos que la iniciativa tendría sobre su operación.
La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) advirtió que las nuevas disposiciones, en especial la ampliación del horario nocturno y el incremento de recargos por trabajo dominical o festivo, generarían sobrecostos que podrían poner en riesgo miles de empleos.
Uno de los puntos más críticos para el sector es el cambio en la jornada nocturna, que ahora comenzaría a las 7:00 p. m. en lugar de las 9:00 p. m., lo que implicaría un aumento automático en las tarifas que deben pagar las empresas de vigilancia por las labores realizadas durante ese rango horario.
A esto se suma el incremento del recargo dominical y festivo al 100%, lo que elevaría aún más los costos de un sector que opera de forma continua, 24/7, y con turnos rotativos.
En respuesta, Confevip solicitó al Congreso y al Gobierno nacional que se contemple un régimen especial para el sector.
Esta petición ya había sido recogida por el Partido Liberal en una propuesta alternativa que mantenía el inicio del recargo nocturno desde las 9:00 p. m., en línea con recomendaciones de organismos como la OCDE y la OIT, que promueven esquemas de flexibilidad laboral para garantizar tanto la sostenibilidad del empleo como la estabilidad empresarial.
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La propuesta del gremio plantea que los trabajadores de vigilancia, quienes habitualmente inician sus labores en la noche, puedan cumplir una jornada ordinaria entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., y que solo a partir de esa hora se liquiden los recargos.
“Si no se implementa la propuesta que nosotros estamos planteando para conjuntos residenciales o los pequeños negocios, como bares, restaurantes y negocios abiertos al público en horario nocturno, se verán afectadas aproximadamente unas 250.000 personas de manera directa. En general, se volvería muy restrictiva la posibilidad de empleo, y sobre todo, la creación de empresas en estos horarios”, advirtió Miguel Ángel Díaz, vocero del gremio.
Con miras a abrir un espacio de diálogo previo al debate en plenaria del Senado, el gremio espera socializar su propuesta en el marco del Octavo Congreso Internacional de Seguridad Privada, que se realizará en Montenegro, Quindío. Al evento están invitados varios congresistas, con el fin de que escuchen de primera mano las preocupaciones del sector.
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El gremio recordó que la vigilancia y seguridad privada representa una parte significativa de la economía nacional: genera cerca de 350.000 empleos directos, aporta unos 10,5 billones de pesos anuales y equivale al 1,2% del PIB, según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Además, el sector ha sido un referente en inclusión social, equidad de género y salud ocupacional.
Confevip también señaló su preocupación frente a los cambios propuestos en las modalidades de contratación. Actualmente, el contrato por obra o labor, regulado por el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, es el que mejor se ajusta a las condiciones operativas del sector.
No obstante, la reforma limitaría su uso, imponiendo el contrato a término indefinido como regla general y restringiendo el contrato a término fijo a un máximo de cuatro años.
Este cambio, argumenta el gremio, obligaría a las empresas a indemnizar a trabajadores que no puedan ser reubicados al término de un contrato comercial, incluso cuando el vínculo laboral ya no sea viable, lo que implicaría una carga adicional considerable.
Entre los principales impactos económicos que advierte el sector se destacan:
Según las estimaciones del gremio, de mantenerse la reforma en los términos actuales, el sector podría registrar una contracción de hasta el 7% en su actividad económica y perder cerca de 28.000 empleos directos.
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