Fiscalía imputará a César Manrique y otros funcionarios por presunto desvío de 100.000 millones
La investigación, que hace parte de una ofensiva contra el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos, ha permitido recopilar material probatorio para solicitar audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento.
Exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
La Fiscalía General de la Nación anunció una nueva ofensiva judicial en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Ocho personas, entre ellas el exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, serán imputadas por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
La investigación, que hace parte de una ofensiva contra el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos, ha permitido recopilar material probatorio para solicitar audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento. Las fechas de las diligencias serán definidas por la Rama Judicial en los próximos días.
Fiscalía General de la Nación
Foto: Fiscalía General de la Nación
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Entre los señalados están también:
Édgar Riveros Rey, abogado, acusado de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado.
Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, por delitos similares.
Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la Corporación Yapurutú, por su presunta participación en la manipulación contractual y apropiación de recursos.
Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, serán imputados por lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que este entramado permitió el desvío masivo de fondos públicos mediante contratos direccionados y el uso de documentación falsa. Las imputaciones son parte de un plan más amplio para desarticular las redes de corrupción en el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres.
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