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El excanciller Álvaro Leyva Durán recibió una dura sanción de 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, debido a las acusaciones por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023. La lectura del fallo se dio este martes en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría General de la Nación.
"La Procuraduría desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos istrativos, cuya legalidad se presume y que solo los jueces pueden desvirtuar. La Procuraduría adelantó un adelantó un juicio que se suponía verbal y en audiencias donde el país nunca conoció a los integrantes de la Sala de Juzgamiento, ni siquiera conectados de manera virtual", dijo Leyva luego de la sanción.
El Ministerio Público argumento que el exfuncionario transgredió los principios que rigen la contratación estatal por haber declarado desierta la licitación de los pasaportes del año anterior.
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La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Leyva, argumentando que este habría cometido faltas disciplinarias al declarar desierta la licitación del contrato para la expedición de pasaportes. Esta acción generó una serie de críticas y polémicas por afectar la operación necesaria para la emisión de los documentos de viaje, además de exponer una presunta improvisación en los planes de transición contractual del Gobierno de Gustavo Petro.
Según la Procuraduría, Leyva incurrió en faltas disciplinarias gravísimas. Las acusaciones sostienen que el excanciller tomó la decisión de declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos adecuados. Se considera que esta acción transgredió los principios de la contratación estatal, que exigen transparencia, responsabilidad y justificación sólida en la toma de decisiones que impacten el interés público.
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En su defensa, Álvaro Leyva ha sostenido que actuó de buena fe y conforme a la normativa vigente. Durante el juicio, ofreció una versión libre en la que justificó sus acciones como motivadas por el interés general y económico de la ciudadanía. Además, aseguró que sus decisiones se enmarcaron en los principios de transparencia y responsabilidad, y que siempre buscó proteger los derechos de los colombianos.
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