
Exasesor de la UNGRD fue condenado a casi 5 años de prisión por caso carrotanques
Pedro Andrés Rodríguez Melo deberá pagar casi cinco años de cárcel por apropiarse de recursos públicos en el millonario contrato de los carrotanques para La Guajira.

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El escándalo por los polémicos carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, sumó una nueva condena. Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad, fue sentenciado a 4 años y 10 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, al haberse quedado con recursos destinados al cuestionado contrato de 40 carrotanques que nunca llegaron a operar en La Guajira.
Rodríguez Melo, quien trabajó en la oficina jurídica durante la istración de Olmedo López, hoy uno de los principales investigados en el entramado de corrupción dentro de la entidad, itió su responsabilidad en los hechos y acordó colaborar con la justicia. De hecho, sigue a la espera de que se le otorgue un principio de oportunidad por otros delitos que aún están bajo investigación.
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Como parte de su compromiso con la reparación al Estado, Rodríguez Melo aceptó haber recibido $1.000 millones por los sobrecostos del contrato y se comprometió a devolver la totalidad del dinero. Blu Radio reveló en enero de este año que ya había regresado $500 millones al Banco Agrario Colombiano, como primera parte de esa restitución.
Recientemente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y principal testigo del caso, llegó a un preacuerdo de 5 años y 8 meses de prisión. Pinilla ha sido clave en la revelación de la red de corrupción que operó dentro de la entidad.
Este caso hace parte del creciente número de procesos penales que enfrenta la UNGRD por hechos de corrupción que involucran millonarios contratos, falsas promesas de atención humanitaria y desvío de recursos destinados a comunidades vulnerables.
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La Fiscalía y la Procuraduría apelaron que no se impusiera la medida de inhabilitación perpetua para cargos públicos en el caso de Pedro Rodríguez Melo, con el propósito de evitar que vuelva a cometer alguna conducta que defraude recursos públicos.